Beatriz Layme  / La Paz

 Rumbo a las elecciones de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3781, mediante el que autoriza el desembolso de 7,1 millones de bolivianos para “efectivizar el empadronamiento permanente” en Argentina, Brasil, Chile y España, donde en últimas las elecciones generales (2014) el  Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo  más del 50% de votos. 

 “Se autoriza al Ministerio de Economía realizar la asignación presupuestaria de recursos para la gestión 2019 por un monto de hasta  7.166.689 bolivianos, financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, a favor del Órgano Electoral Plurinacional, destinados exclusivamente para realizar el empadronamiento permanente en el exterior”, se lee en el decreto aprobado el 23 de enero, aunque luego se menciona sólo los cuatro países.

 En la parte considerativa de la norma se lee:  “que en cumplimiento al Programa de Empadronamiento en el Exterior,  desarrollado por el Órgano Electoral, se requiere de una asignación presupuestaria adicional que permita efectivizar el empadronamiento permanente en Argentina, Brasil, Chile y España”.

En esos cuatro países -de 33 Estados  donde residentes bolivianos emitieron   su voto en los últimos comicios- se concentra la  mayor cantidad de electores nacionales habilitados en el exterior (90%),  según el cómputo final de las elecciones de 2014 que presentó el Órgano Electoral. (Más detalles en la infografía)

De igual forma, en Argentina, Brasil, Chile y España  el MAS ganó en los comicios generales de 2014. En Argentina sufragaron 73.050 electores;  de los votos válidos, 64.251  fueron para el partido oficialista (92,25%). Similar situación se registró en Brasil (detalles en la infografía).

En cambio,  países donde hay   más de 1.000 residentes habilitados para sufragar   no están contemplados en el decreto 3781.     En Estados Unidos, 12.589 electores fueron habilitados para sufragar en las elecciones  de 2014. Del total de votos válidos,  sólo 1.845 (34,59%)  votaron por el MAS. El 36,54% votó por Unidad Demócrata (UD).

 Sospechan fraude

   Conocido estos antecedentes, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)  expresó su sospecha de que se arma un “fraude”,  porque la Constitución establece que todos los residentes bolivianos en el exterior “tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por la ley”. 

La entidad agrega que “el derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral”.

En ese marco, el exdefensor del Pueblo Rolando Villena sostuvo que “es inadmisible”  restringir el empadronamiento permanente a sólo cuatro países. 

“No podemos permitir que se restringa el derecho de participar, no es un problema la cantidad de votantes, sino el cumplimiento de derechos, que el Estado tiene la obligación de garantizar”, manifestó Villena  y agregó que ante esta disposición “estaríamos ante el inicio de un fraude electoral”.

Juan Carlos Núñez, del Conade,  indicó que los vocales del Tribunal Supremo Electoral  (TSE) “deben dar una explicación técnica” del porqué sólo en cuatro países se realizará el empadronamiento permanente, dejando de lado a 29 naciones.

TSE: El registro de bolivianos en el exterior será progresivo  

Desde el Tribunal Supremo Electoral informaron que el proceso de empadronamiento permanente será progresivo, tal como establece  la Ley 1066 del 28 de mayo de 2018, que modifica las leyes de Régimen Electoral y del Órgano Electoral.

 En ese marco, “se está iniciando con los países de mayor índice de migrantes, se está priorizando los países de mayor población y posteriormente se trabajará con los otros países”, informaron desde el TSE.

En las elecciones generales de   2014,  residentes bolivianos de 33 países emitieron su voto. Los países en los que hay un  mayor número de electores connacionales registrados en el  padrón biométrico son en Argentina, Brasil, Chile y España.

El Estado   con el menor  número de votantes es Irán (seis), seguido de India,  con siete electores bolivianos.

Conade afirma  que decreto vulnera derecho de bolivianos

Rolando Villena, exdefensor del Pueblo y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), afirmó ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “hasta en el empadronamiento” actúa en beneficio del Ejecutivo. 

“El Conade alerta y denuncia  nuevamente una clara intención de condicionar y vulnerar a los órganos del Estado, en este caso al Órgano Electoral, que debiera actuar bajo el principio de independencia, mostró una clara  dependencia y sometimiento a las disposiciones emanadas del Ejecutivo”, manifestó.  

El 23 de enero de 2019, el Gobierno aprobó el decreto supremo que otorga al Tribunal Supremo Electoral 7.166.689 bolivianos para el proceso de empadronamiento permanente en Argentina, Brasil, Chile y España.

Para Villena,  hay una “clara  dependencia y sometimiento del Órgano Electoral”, situación que “profundiza la crisis de credibilidad, independencia y transparencia en sus actos”.

En criterio de Villena,  ese hecho “provoca en la población la mayor incertidumbre sobre las elecciones nacionales y subnacionales”.

Inversión  / La Paz

Bolivia cayó 20 puestos en la percepción sobre corrupción, del puesto 112 en 2017 a 132 el año anterior, en un estudio de 180 países, de acuerdo con el reporte del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018, elaborado por Transparencia Internacional (TI). Esta calificación es la peor percepción de corrupción de los últimos siete años, señala la Fundación Jubileo.

Las consecuencias de la corrupción no sólo tienen que ver con el despojo de recursos a los más vulnerables, también socava la justicia y el desarrollo económico, y destruye la confianza pública en el Gobierno (nacional, departamental y local) y los líderes, agrega.

Considera que la corrupción sigue siendo notoriamente difícil de investigar y procesar. A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Pese a estos avances, continúa, todavía no hay políticas  para abordar las causas históricas y estructurales de  malas prácticas.

Propone hacer esfuerzos para detener a quienes huyen por actos de corrupción, para lo que es imprescindible no tener lagunas legales y actuar con voluntad política desde el Gobierno.

Resultados año 2018

Los resultados presentados por TI reflejan la situación de percepción de la corrupción en el país y analizando la serie desde  2012, Bolivia ha ido reduciendo su puntaje, advierte Jubileo. En 2018 tuvo la peor declinación, con una fuerte disminución de su puntaje llegando a 29, lo que significa que se ha ido incrementando la percepción de mayor corrupción. La escala empleada por TI es de 0 a 100, en la que  cero es más corrupto y 100 menos corrupto.

Entre 2016 y 2017, el país se mantuvo con un puntaje de 33, teniendo como antecedente que el año 2014 había alcanzado 35 puntos, su mejor puntaje histórico. En esta última medición  bajó a 29 de calificación, con reducción de  cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior. Para la calificación a Bolivia en 2018, TI utilizó siete fuentes de información, una más que las empleadas en 2017.

Características 2012-2018

En sus informes anuales, TI emite recomendaciones generales para todos los gobiernos. En 2012, Transparencia exhortaba que los gobiernos, incluido Bolivia, debían incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas, las prioridades,  el financiamiento político y una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población. En 2013, cuando el puntaje logrado por el país fue de 34, TI mencionaba que la corrupción en el sector público continuaba siendo uno de los mayores desafíos, con énfasis en áreas como los partidos políticos, la Policía y los sistemas de justicia.

En 2014, año en el que el país obtuvo la mejor posición, 35 puntos, TI advertía que escuelas mal equipadas, medicamentos falsificados y elecciones decididas por dinero eran algunas de las consecuencias de la corrupción en el sector público.

En 2015, cuando empezó a reducirse  el puntaje para Bolivia, año en el que obtuvo 34, el informe de TI generalizaba que la corrupción es el abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos, y provocaba perjuicios graves a las personas y a la sociedad; advertía que este tipo de corrupción quedaba impune.

Los resultados de  2016 resaltaban la conexión entre la corrupción y la desigualdad, que se nutren mutuamente para crear un círculo vicioso entre la corrupción, la distribución desigual del poder en la sociedad y la distribución desigual de la riqueza. Esta interacción entre corrupción y desigualdad alimentaba el populismo que prometía romper el ciclo de corrupción y privilegios; sin embargo, se hacía notar que con la oleada populista esto se exacerbó, en lugar de resolverse. Ya en 2017, cuando Bolivia tenía un puntaje de 33, similar al año anterior, en su análisis general, TI destacaba la preocupación por una mayor fragilidad en las garantías para la prensa y las ONG.

En 2018, cuando el país obtuvo 29 puntos, la peor calificación en ocho años, TI advirtió que la corrupción puede socavar la consolidación democrática. Además, dice, en democracias débiles abunda la corrupción. Los principales políticos que se han enriquecido ilícitamente tienen fuertes incentivos para aferrarse al poder y buscan evitar controles y equilibrios democráticos para que puedan continuar en el poder bajo un marco de impunidad.

Afirma que algunos líderes  llegaron  al poder aprovechando el disgusto público contra la corrupción; pero esos mismos líderes buscan socavar los mecanismos anticorrupción y las instituciones democráticas, además de restringir el trabajo de la prensa independiente cuando la cobertura desafía los mensajes de los líderes.

El Gobierno dice que el informe carece de objetividad

El último estudio de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, carece de objetividad, según el Ministerio de Justicia, por lo que la calificó de “sesgado”.

El Índice de la Percepción de la Corrupción 2018, publicado por   TI, ubicó a Bolivia en el puesto 132 de 180 países analizados; en 2017, el país se ubicó en el puesto 112.

Según el Ministerio de Justicia, TI anualmente reporta el Índice de Percepción de la Corrupción “con base en una metodología poco fiable para evaluar la corrupción, ya que existen problemas de medición entre percepción y realidad”.

“Esta ONG  analiza la situación de lucha contra la corrupción mediante encuestas de percepción ciudadana, realizada por terceros a expertos y empresarios, quienes, por lo general, son contrarios a las políticas públicas de transformación en países”, explicó la cartera de Estado. “En conclusión, el informe (...) no puede ser considerado como un diagnóstico basado en objetividad, sino como una mera opinión sesgada”, añade el reporte del Ministerio de Justicia.

En una calificación mundial, la Fundación Jubileo es catalogada como uno de los “Mejores Centros de Pensamiento de Transparencia y Buena Gobernanza” de la gestión 2018. Ocupa el puesto 33 en la tabla mundial, el quinto en Latinoamérica y el único de Bolivia en esa categoría.

Para el resultado general, dispone de un panel de más de 1.796 instituciones pares y expertos de medios impresos y electrónicos, instituciones académicas, instituciones donantes públicas y privadas y gobiernos de todo el mundo. 

El estudio sobre los centros de pensamiento tuvo su inicio hace 12 años. Esta es la octava gestión que Fundación Jubileo es catalogada en la calificación internacional. Para la versión 2018 fueron establecidas 54 categorías y nominadas 8.162 instituciones de diversos continentes.

En la categoría de Transparencia y Buena Gobernanza figuran instituciones como Freedom House (EEUU), Transparencia Internacional (Alemania), Instituto para la Gobernanza de Recursos Naturales -NRGI (EEUU), Amnistía Internacional (Reino Unido), Human Rights Watch (Reino Unido), entre otras.

De Bolivia fueron nominadas 66 instituciones, cinco de las cuales ingresaron a la calificación en alguna de las 54 categorías. Entre las instituciones destacadas están Inesad, Fundación Milenio, Fundación Aru y Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles.

Las instituciones consideradas como “thinktanks” son aquellas que contribuyen al análisis e investigación, permitiendo a los actores políticos y al público a tomar decisiones informadas acerca de las políticas públicas. Estas instituciones actúan como un puente entre las comunidades académicas y de formulación de políticas y entre los Estados y la sociedad civil, sirviendo al interés público como voces independientes. También se valora que ese aporte sea comprensible, confiable y accesible.

En el contexto nacional, el trabajo de las instituciones de sociedad civil se dificulta cada vez más ante la ausencia de acceso a la información pública, obligación fundamental que tiene el Estado con la ciudadanía. A mayor transparencia y acceso a información, mayor credibilidad y legitimidad en los administradores del Estado boliviano. Para Fundación Jubileo  este reconocimiento internacional implica un fortalecimiento en su compromiso de aporte al debate público, la incidencia política y la promoción de la conciencia crítica.
 

Página Siete / La Paz

En 2018, la importación de combustibles  que realizó Bolivia se incrementó en un 41,3%. El aumento es alto comparado con bienes de capital o suministros industriales, o alimentos,  según datos del  Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un experto atribuye  a la  menor capacidad de producción de líquidos  de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

 Las cifras oficiales dan cuenta de que en  2017, el país internó combustibles y lubricantes  por un valor de 937,4 millones de dólares, pero el año pasado subió a 1.324,6 millones, lo que significó un 41,3% más (ver gráfica).

 Mientras que otras partidas como bienes de capital sólo crecieron (2017-2018)  en un 8,8%; los suministros industriales aumentaron en 6,5%.

Por el contrario, las compras de alimentos y bebidas bajaron en un 0,5%, al igual que la partida de equipos de transporte, sus piezas y accesorios (-3,1%).

  El secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandro Arana, afirmó que el incremento de la internación de combustibles es por la  menor capacidad de producción de parte de YPFB, lo que ocasiona una mayor importación de volúmenes de gasolina y diésel.

 “Los precios de los combustibles en el mercado local y subsidiados por el Gobierno están fijos  hace muchos años. Sin embargo,   el  costo que esto representa, incrementa el déficit fiscal.  Asimismo, el mayor gasto en compras externas como combustibles, afecta negativamente al nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN),  que registran cinco años de disminución”, observó el economista.

En su criterio se deben aplicar políticas de fomento para el sector exportador como acuerdos comerciales, eliminar la burocracia y las barreras que se imponen, sobre todo para la venta de los productos agrícolas.

“El efecto que tienen las importaciones en el aparato productivo nacional depende de la composición. En 2018, las partidas de bienes de capital con una participación del 23,8% y la de suministros industriales con un 29,5% del total importado, crecieron un 8,2% y 6,9% respectivamente, lo cual es positivo porque significa que mejora la capacidad productiva del país, siempre que dicho incremento haya sido producto de un mayor volumen importado y no solo por un efecto precio”, subrayó.

 “Las importaciones afectan de forma positiva y negativa. En el primer caso cuando traemos insumos o materias primas que no producimos como  bienes de capital, éstos  nos ayudan a producir más, similar caso es el de combustibles que ayuda al aparato productivo (sector agrícola), principalmente el diésel”, explicó.

Mientras que los efectos negativos se dan cuando en el país se produce alimentos o bebidas, manufacturas o textiles, pero cuando se importa impactan en la producción del mercado interno.

Según Rodríguez, el Gobierno si no quiere tocar el tipo de cambio, que hace más atractivo importar que  producir, debe fomentar una  mayor productividad   para recuperar el mercado interno, y aumentar su competitividad en el exterior.

Baja producción de líquidos

En 2018 fue un año malo para la producción de gas natural porque cayó de 55,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 34,9 MMmcd, según los registros de  YPFB.

El hecho también repercutió en un menor volumen de  líquidos (petróleo y condensado). La producción de los mismos disminuyó de  50.500 barriles por día en enero  a 35.500 barriles por día en diciembre.

Según los datos oficiales,   la extracción nacional de gas natural  comenzó con 49,52 MMmcd, pero en mayo subió a 55,53 MMmcd y se mantuvo en ese promedio hasta septiembre. A partir de octubre bajó desde 50,94 MMmcd hasta cerrar  diciembre con 34,9 MMmcd.

El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli afirmó que lo que pasó en diciembre de 2018 -menor producción de gas natural- vino acompañado de una disminución de la  producción de líquidos.

“De 50.500 barriles por día en enero del 2018 a 35.500 barriles por día a diciembre del mismo año. De esta forma, la producción de gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) con alta probabilidad fue (o será) más baja y seguramente  las importaciones de gasolina subirán”, escribió en su blog personal el pasado 15 de enero.

 Este medio publicó que la producción del campo Sábalo bajó de 18,29 MMmcd en 2015 a 13,07 MMmcd, registrado durante 2018.   San Alberto  descendió de 7,31 MMmcd a 3,74 MMmcd.  En  el campo Itaú la oferta prácticamente bajó a la mitad, de 1,98 MMmcd a 0,73 MMmc.

Se compró desde alimentos hasta maletas
 
En 2018, el país compró del mercado exterior desde alimentos y bebidas hasta maletas, según el reporte  del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe   da cuenta que las importaciones  de   manufacturas se  incrementaron hasta 9.876 millones de dólares, un 7,8% más que en 2017. 

Mientras que la compra  de productos alimenticios y bebidas elaboradas  subió de 639,9 millones de dólares a 662,4 millones dólares, un 3,5% más.

Entre las manufacturas  están los  productos textiles fabricados; prendas de vestir, maletas fabricadas, bolsos de manos y calzados, madera fabricada, artículos de paja y de materiales trenzables.

  A fines de noviembre de 2018, la Federación Departamental de Productores de Calzados y Ramas Anexas dieron cuenta que sólo en tres años (2013-2016)  el 55% de los talleres de calzado de La Paz y El Alto cerró debido a la competencia de los  productos importados principalmente desde Perú y China.

En un informe de la Fundación Jubileo, publicado en 2018 da cuenta que entre 2006 y 2017, las importaciones de alimentos se incrementaron en 173% al haber acumulado   6.256.2 millones de  dólares.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que hay dos soluciones para que la importación  disminuya y no se repita un déficit comercial.

“La solución son dos políticas: la primera la de promoción selectiva de exportaciones y la de sustitución competitiva de importaciones, para ello se pueden dar diferentes acciones como créditos preferenciales, promoción de mercados, etc. La idea es elevar las exportaciones”, subrayó el experto.