Exportación de oro subió en 765% en 9 años en medio de irregularidades y privilegios
En billetes, la exportación movió casi 11 mil millones de dólares en esos...
Exportación de oro subió en 765% en 9 años en medio de irregularidades y privilegios
En billetes, la exportación movió casi 11 mil millones de dólares en esos nueve años. La participación de las cooperativas mineras en la producción alcanzó un promedio del 98,3 por ciento entre 2013 y 2020, según el Cedla. Investigadores de dos instituciones aseguran que las cooperativas mineras auríferas no pagan impuestos y cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas que aportan capital y maquinaria pesada, o la contratación de peones. El portavoz de las organizadoras defensoras de territorios indígenas y áreas protegidas Álex Villca Limaco hace un llamado a las poblaciones urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios.
Por Carlos Tellería y foto de Álex Villca para Guardiana (Bolivia)
Lunes 21 de febrero de 2022.- Hace casi 30 años, el negocio de la minería del oro no brillaba tanto como hoy en Bolivia. El año 1993, seis toneladas de este mineral fueron exportadas por un valor de 71,6 millones de dólares. Esta es una cantidad ínfima comparada con las cifras que en la actualidad dan cuenta de exportaciones de hasta 47 toneladas en 2021, por un valor de 2.530,9 millones de dólares, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ese incremento, notable ya desde los años 2013 y 2014, se explica con la aparición en escena de las cooperativas auríferas, según el analista e investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova Eguívar. Precisamente en 2014 fue promulgada la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535).
Las cooperativas mineras no pagan impuestos como lo hace el resto de las empresas porque son consideradas entidades sin fines de lucro y la liberación del pago del impuesto al valor agregado (13 por ciento) es calificado un incentivo a la producción, pero también cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas o la contratación de personal ajeno; además, la mayoría no tiene licencia ambiental para desarrollar sus actividades.
Según el INE, entre 2013 y 2021 fueron exportadas 259 toneladas de oro por un valor aproximado de 10.915 millones de dólares. Según Alfredo Zaconeta Torrico, investigador especialista en temática minera del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la participación de las cooperativas mineras en la producción, entre 2013 y 2020, llegó a un promedio de 98,3 por ciento, muy por encima de la participación de la minería estatal y de la empresa privada.
En 2013 se exportaron ocho toneladas de oro por un valor de 330,8 millones de dólares. En 2014, trepó la exportación a 36 toneladas por un valor de 1.360,9 millones de dólares. En 2021, según datos oficiales preliminares, se rompió el récord con 47 toneladas exportadas por un valor de 2.530,9 millones de dólares; es decir, en estos nueve años hay un incremento del 765 por ciento. Si el cálculo se realiza sobre la base de las toneladas exportadas en ese periodo, el aumento es de 587 por ciento (ver infografía).
FUENTE DE EMPLEO
Las cooperativas mineras en general, como generadoras de empleo, registraron crecimiento sostenido entre 2005 y 2019, pero en 2020 hubo un descenso. En 2005 había 50.150 cooperativistas en listas; 85.000 en 2010; 121.236 en 2015. El pico mas alto se presentó en 2019, con 125.274 individuos. Luego vino una baja en 2020, cuando se tenía el registro de 20.236, según datos presentados por el investigador del Cedla.
El boletín informativo del Viceministerio de Cooperativas del primer semestre de 2021 establece una división en tres etapas de crecimiento de este sector. En el primero, de 1960 a 1985 (crecimiento natural); el segundo, de 1985 al 2000 (ciclo impulsado por la relocalización y el desempleo); y el tercero de 2020 a 2021 (crecimiento apoyado por el Estado). Esta última es la más fructífera y, según esta publicación, para el año 2021 ya había 2.388 cooperativas constituidas.
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
De acuerdo con cálculos de Córdova, el 92 por ciento del oro fue extraído por los cooperativistas entre 2006 y 2019, el resto corresponde al la participación de la minería estatal y de las empresas privadas. El INE indica que en ese periodo fueron exportadas 218 toneladas de oro por un valor de 7.935 millones de dólares. El resto corresponde al sector privado y a la minería estatal.
Según Zaconeta, es difícil establecer con precisión a cuánto ascienden las ganancias de las cooperativas auríferas porque también se debe tomar en cuenta que hay otros actores en el negocio del oro como las comercializadoras y los intermediarios, y sugiere no olvidar también la fluctuación de precios.
VETA DE IRREGULARIDADES
No todas las cooperativas tienen licencia ambiental. Héctor Córdova sostiene que hay una serie de irregularidades: una de ellas es que unas 160 cooperativas cuentan con licencia ambiental para desarrollar su trabajo de las más de 1.220 que había en el departamento de La Paz en 2018.
Otra de esas irregularidades es que en el terreno no todos los cooperativistas no trabajan por su cuenta; es decir, hay personas –que pueden ser familiares– que lo hacen en lugar del socio. Pero también logran acuerdos con las comunidades que están cerca de las áreas de explotación como forma de pago o retribución porque las dejan operar: a veces se asigna un día u horas específicas para que los comunarios busquen oro. Así –dice Córdova– es difícil calcular cuánta gente trabaja en determinada zona. Hay cooperativistas que también contratan peones para que trabajen por el socio, aunque eso está prohibido.
Según el investigador, una tercera anormalidad es la vulneración al artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia, que prohíbe a los cooperativistas asociarse con empresas privadas que aportan capital y tecnología, y equipo pesado para la extracción masiva de mineral.
La cuarta irregularidad detectada por Córdova es que las cooperativas mineras no respetan la escala para el pago de regalías a municipios y departamentos. La misma Ley 535, en su artículo 227 –según el analista– indica que la regalía es de 7 por ciento si se trata de mineral extraído de yacimientos primarios; 5 por ciento si el oro es de yacimientos complejos sulfurosos, y 2,5 por ciento cuando se trata de yacimientos marginales de pequeña escala.
Lo que ocurre, según analista de Jubileo, es que los cooperativistas registran el oro que han extraído como si fuera proveniente de yacimientos marginales en su totalidad. Dice que esta situación puede ser calificada como estafa porque entre todas las cooperativas reunirían solo seis toneladas en un año si trabajaran en yacimientos marginales.
Sobre el mismo tema, Alfredo Zaconeta recordó que el antiguo Código de Minería (Ley 1777 promulgada en marzo de 2017) fijaba solo dos porcentajes para el pago de regalías: 7% para el oro extraído en estado natural, amalgama, lingote o barra fundida si la cotización de la onza troy (31,10 gramos) era igual o mayor a los 700 dólares, y el 5% debía ser cancelado por la explotación del mineral proveniente de yacimientos marginales.
NO PAGAN IMPUESTOS
Zaconeta, quien participó en un foro de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, dijo que la normativa tributaria deja exentas o libera a las cooperativas del pago del impuesto al valor agregado (IVA, 13 por ciento), como incentivo a la producción; del impuesto a las transacciones (IT, 3 por ciento), del impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE, 25 por ciento) más una alícuota de 12,5 por ciento en periodos de precios altos de la cotización de minerales. Solo quedaría vigente el pago del canon de arrendamiento por las concesiones mineras de la estatal Comibol, que representa el 1 por ciento sobre el valor de producción. Es que las cooperativas, por su función social, no son consideradas empresas, aclara el investigador.
Con relación al no pago del IUE, Córdova dice que los cooperativistas, además, argumentan que no saben a cuánto ascienden sus ingresos y egresos, razón por la que no se tiene registro de sus utilidades.
Sugiere establecer una serie de mecanismos de control para evitar que los recursos naturales no renovables sean aprovechados solo por un grupo de empresarios, cooperativistas, comercializadores e intermediarios. Recomienda nacionalizar el excedente y revisar el caso del pago de impuestos.
Córdova dijo que después de la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en momentos de tensión por un bloqueo de carreteras protagonizado por mineros cooperativistas, en agosto de 2016, el Gobierno de entonces ejerció controles y estableció que las cooperativas debían presentar el balance anual de sus actividades hasta diciembre de cada año, pero esto no se dio.
ORO, ¿PARA QUÉ SIRVE?
El oro es un metal apreciado por los Estados como una forma de ahorro convierten este metal en reservas para respaldar su economía.
Otro uso que se le da al oro está en el negocio de la joyería. Córdova dice que, por efecto de la inestabilidad económica causada por la pandemia, la gente se decidió por comprar joyas, incluso lingotes, también como forma de ahorro.
La industria electrónica también utiliza el mineral, por ejemplo, para la fabricación de procesadores y microchips debido a la gran capacidad del oro como conductor de electricidad. Un cable de oro del grosor de un cabello conduce tanta electricidad como un cable de cobre del grueso de una pulgada.
MINEROS AL ACECHO
El portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Álex Villca Limaco, alertó que en los últimos años se advierte un vertiginoso crecimiento de las actividades mineras, especialmente en el norte del departamento de La Paz.
En agosto de 2018, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa de la provincia Franz Tamayo de La Paz, junto con la Central de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo solicitaron en un ampliado al Gobierno de entonces la anulación del Decreto Supremo 24123, de 1995, de declaratoria del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi para que se puedan ingresar a esas tierras con fines de explotación de oro y producción de coca.
Una de las zonas más acosadas es precisamente el parque Madidi, en cuyas entrañas se encuentra el pueblo indígena San José Uchupiamonas, al cual pertenece Villca.
Mapa del departamento de La Paz que muestra las áreas de actividad minera (imagen: Cedib).
Villca recuerda que las denuncias sobre la explotación ilegal de oro con maquinaria pesada datan de finales de 2016, pero tres años más tarde, empezaron a multiplicarse las alertas cuando empezaron a ser vistas grandes dragas chinas y planchones colombianos sobre todo en las aguas del Río Kaka y sus afluentes. Las actividades mineras crecían en los municipios de Guanay, Mapiri y Teoponte.
Trabajos actuales de minería en el municipio de Guanay (foto: Guiomara Calle).
Activistas reclamaban la presencia del Estado en las regiones donde operaban los mineros auríferos. Villca dice que esa maquinaria era supuestamente manejada por cooperativistas bolivianos, pero luego saltó a la luz que ellos eran solo una fachada.
Las cooperativas mineras trabajan en concesiones entregadas por el Estado. Las denuncias, antes y ahora, apuntan a que trabajan en áreas que no les corresponde hacerlo y utilizan métodos de explotación que contaminan el medio ambiente, como el uso de mercurio que envenena las aguas de los ríos. Álex Villca afirma que también hay deforestación, presencia de la agroindustria y obras que causan daño al medio ambiente, y anuncios de construcción de represas.
CONVENIO DE MINAMATA
Un boletín del Viceministerio de Comercio Interno da cuenta de que Bolivia importó 160 toneladas de mercurio en 2020 y está ubicado en el primer lugar de los principales países importadores. Está por delante de India (113 toneladas), Emiratos Árabes Unidos (104), Italia (36) y Sudáfrica (19).
Pero otros estudios, como el presentado en mayo de 2021 por la institución Better Gold Initiative (BGI), fruto de un convencio entre el Gobierno boliviano y la Cooperación Suiza, indican que fueron importadas legalmente 200 toneladas y que 68 de ellas van al negocio de la pequeña minería aurífera.
Grupos de activistas ambientalistas recuerdan que el Estado boliviano ratificó, en 2015, el Convenio de Minamata que exige a los países en los que haya extracción y tratamiento de oro artesanal y en pequeña escala adoptar “medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas”.
En otras ocasiones también se observa deforestación áreas que pretenden ser ocupadas por la minería del oro. Una de las más recientes denuncias se conoció el domingo 6 de febrero, cuando los medios de información difundieron la noticia de que mineros y comunarios la localidad de Azariama habían llegado al sector Resina, a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El trámite que había iniciado la Cooperativa Azariama Colorado fue suspenso, según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) .
El propio Villca compartió en sus redes sociales fotografías de lo sucedido. "Es deplorable la inacción de @LuchoXBolivia y las entidades gubernamentales #AJAM, SERNAP y ABT, que permiten que un área protegida de relevancia mundial, como el #Madidi, este siendo destruida por la #Minería aurífera ilegal, que viene invadiendo la cuenca alta del Río Tuichi", escribió en su cuenta de Twitter.
Imágenes de deforestación cerca del río Tuichi (Facebook de Álex Villca).
La directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, le dijo al diario Página Siete que no se permitirá ninguna actividad minera en un área protegida, y aclaró que solo son autorizadas actividades preconstituidas antes de la creación del parque, en 1995, pero a condición de que tengan licencia ambiental y los permisos extendidos por la AJAM y que realicen explotación artesanal, sin maquinaria pesada.
Días más tarde, el martes 15 de febrero, la AJAM aseguró que había dado ninguna autorización para trabajos de minería en el Madidi y que ya había iniciado acciones penales y presentó denuncia ante la Fiscalía contra las personas que ingresaron a esos territorios con equipo pesado.
Ese mismo día, Villca Limaco volvió a difundir fotografías de movimiento de tierras, equipo pesado y algunos trabajos realizados en la cuenca alta del río Tuichi, zona de Suyo Suyo y Pintata, municipio de Apolo.
Al día siguiente, dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) dio un plazo de 72 horas a la AJAM para que atienda sus demandas para la explotación en el Madidi.
LLAMADO A LAS CIUDADES
Álex Villca dijo a Guardiana, en contacto telefónico, que lo que sucede en el río Tuichi es otro más de los atropellos a la riqueza y patrimonio de Bolivia.
El portavoz de Contiocap reconoce que las organizaciones indígenas están divididas y que en esas condiciones no es fácil hacer frente a los atropellos.
Demandó mayor participación de las fuerzas políticas de oposición y desafió a las y los legisladores a conocer la realidad de las zonas apetecidas por la minería en el lugar de los hechos y no trabajar solo desde sus escritorios. De las autoridades oficialistas no espera nada, ni siquiera de la bancada de pueblos indígenas porque, según Villca, esos curules están ocupados por gente vinculada al partido de gobierno.
Hizo un pedido a las sociedades urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios y no dejar que la responsabilidad caiga solamente sobre las espaldas de unos cuantos.
DESTACADA HIDROCARBUROS
Por baja producción de gas, Bolivia pierde la oportunidad de vender un 50% más a Brasil
21 de febrero de 2022
Los aparentes triunfos pasajeros de corto...
Por baja producción de gas, Bolivia pierde la oportunidad de vender un 50% más a Brasil
21 de febrero de 2022
Los aparentes triunfos pasajeros de corto plazo, tienden a jugar en contra mucho tiempo después.
(#RadarEnergetico).- 2021 fue un año terriblemente seco en Brasil, la mayor sequía 21en 100 años, en un país que genera un 65% de su energía en base a agua, esa es una mala noticia.
Ante esta realidad de represas con embalses casi vacíos, Brasil tuvo que acudir a centrales termoeléctricas que generan energía con gas natural, proveniente de su propia producción, del gas que llega en barcos (GNL) y, de Bolivia.
Sólo las centrales térmicas consumieron 50 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, la mitad de su demanda total de gas en 2021.20 millones provinieron de Bolivia, cuando Brasil necesitaba todo el gas que se pudiera venderle.
Sin embargo, ante la reducida capacidad de la producción boliviana de gas, que descendió de 61 MMmc/d en 2015 a 45 MMmc/d en 2021, exportar 10 millones más, que es la capacidad de transporte del gasoducto GasBol, no ha sido posible, convirtiendo esta oportunidad de negocios en una oportunidad perdida, forzando a Brasil a importar gas desde el mercado internacional a precios hasta 5 veces más que el gas boliviano.
Durante más de una década, en base al contrato GSA, Bolivia exportó a Brasil 30 MMmc/d hasta que el contrato finalizó en 2019 y la producción boliviana comenzó a declinar.
«Existe un dicho, ya antiguo, en el sector hidrocarburos, que ‘Bolivia permitió la entrada del GNL a la región’, que hace referencia a que la inestabilidad política, primero, y de suministro después, obligaron a las principales economías del Cono Sur a buscar fuentes alternativas de abastecimiento de gas natural, el GNL entre ellas”, recuerda Mauricio Medinaceli, exministro de hidrocarburos y analista en temas de energía, consultado por Radar Energético.
“Fuimos testigos de este hecho a principios del actual siglo. Después, con el paso del tiempo, estas economías también buscaron fuentes de abastecimiento internos, por este motivo, con sendos planes de desarrollo, Brasil en el Presal y Argentina en Vaca Muerta, lograron levantar la producción doméstica de gas natural”, complementa Medinaceli.
Esta situación deja a Bolivia en “una posición negociadora muy débil”, dado que, si bien aún el gas natural boliviano será demandado por ambos países, Brasil y Argentina, “quizás las condiciones de precios y volúmenes sean menos favorables para el país”, examina el analista.
Por su parte, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, analista y Socio Director de la consultora Gas Energy Latin America (GELA), asegura que Brasil es un mercado que pudo haber crecido más allá de los 30 millones de metros cúbicos establecidos del contrato ‘GSA’ original (1999-2019). Sin embargo, fue en sentido contrario en los últimos años. “El descenso de la producción y las reservas bolivianas hizo que el vecino país busque alternativas y que, por lo tanto, Bolivia gravite cada vez menos en su ecuación energética”, señala.
“Definitivamente el no poder llenar el ducto por no tener producción disponible nos está causando de manera continua la imposibilidad de tener más recursos como renta del gas”, comenta.
EXPORTACIÓN.En 2019 Bolivia exportó gas a Brasil en niveles de 2003. En 2020 y 2021 no ha superado el promedio de los 20 MMmc/d.
POR QUÉ SUCEDE ESTO
“La caída de la producción de gas natural en Bolivia es el resultado de la poca actividad exploratoria y de la política hidrocarburífera nacional, reflejo además de la gestión del sector hidrocarburos en la última década”, dice sin ambages Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, consultado por este medio.
Según el especialista, esto ha ocasionado que el país “deba renegociar sus contratos de exportación con Brasil y Argentina por menores volúmenes, readecuándolos a la capacidad actual de producción; con ello Bolivia ha perdido participación en esos mercados y ve reducidos sus ingresos por concepto de regalías e IDH”.
OPORTUNIDAD PERDIDA
Edmar de Almeida, profesor del Instituto de Energía de la Universidad Católica de Rio de Janeiro y especialista en el mercado de gas natural y economía energética de Brasil, en entrevista con Radar Energético, dijo la semana pasada que a Brasil ya no le preocupa la baja producción boliviana porque su seguridad energética está garantizada por la producción propia y por el GNL.
Lo que preocupa es la “oportunidad perdida”, dice el analista, que se configura en la necesidad brasilera de gas y la imposibilidad boliviana de vender más.
“Bolivia sigue siendo una fuente de suministro de gas firme y confiable, pero la importancia es relativa cuando miramos 10 o 15 años atrás. Ha disminuido por el tamaño de la industria en Brasil que sigue creciendo”, explica.
Sin embargo, dice de Almeida, existe una ventaja aun relevante para Bolivia, la existencia del gasoducto para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos de gas “y si este gas es económicamente competitivo, no habrá ninguna dificultad para que Brasil siga comprando”.
El tema central sigue siendo si Bolivia podrá aumentar su producción en los próximos años para no perder los 20 MMmc/d que aún compra el gigante vecino.
“Lo que hemos hecho es perder un mercado creciente, ahora es un mercado en el que cada vez gravitamos menos. Hasta 2024 podremos enviar 20 MMmc/d y de ahí irá en descenso”, dice Álvaro Ríos.
“Todo esto nos habla que esta industria se mueve en el mediano y largo plazo, donde los aparentes triunfos pasajeros de corto plazo, tienden a jugar en contra mucho tiempo después y, peor aún, con consecuencias irreversibles”, reflexiona Mauricio Medinaceli.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, estima que la economía del país crecerá por encima de lo que pronostica el Banco Mundial para este 2022. Sputnik consultó sobre este tema a economistas, quienes optaron por mantener la cautela ante el optimismo gubernamental.
Según proyecciones del Banco Mundial (BM), en 2022 la economía de Bolivia crecerá en un 3,5%. Para el presidente Luis Arce, este pronóstico se quedó corto. Y afirmó que en este año el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentará en "más de un 5%". ¿Cuál de estas proyecciones se ajusta más con la realidad?
Indicó que para 2022 se espera un crecimiento de la economía del 5,1%. Con la finalidad de que la circulación monetaria no se estanque, el presupuesto general —que es de 235.000 millones de Bs (34.000 millones de dólares)— destinará el 16,6% —unos 39.000 millones de Bs (5.365 millones de dólares)— al financiamiento de obras públicas.
La mirada del Banco Mundial
A mediados de enero pasado, el BM publicó su informe "Perspectivas económicas mundiales", en el cual pronosticó para este año un crecimiento del 3,5%. Para 2023, esta cifra se reduciría al 2,7%, según sus previsiones.
Según este organismo internacional, la factibilidad de sus números dependerá de algunas variables externas a la capacidad administrativa demostrada por los Gobiernos de la región.
"La durabilidad de la recuperación económica en América Latina y el Caribe, como en otros lugares, depende de que se controle la pandemia", dice el informe.
"Los brotes de COVID-19, incluidos los ocasionados por nuevas variantes del virus, siguen constituyendo un riesgo a la baja incluso en países con altas tasas de vacunación", agrega el documento.
Sumado a ello, está la cuestión del clima. Este año atraviesa a Bolivia, así como a la región, la corriente de La Niña, caracterizada por mayores lluvias, que desde diciembre afectan a las cosechas de las cuales dependen miles de familias campesinas.
"Las perturbaciones económicas relacionadas con eventos meteorológicos extremos, en parte vinculados al cambio climático, y otros desastres naturales, representan un riesgo significativo no solo para las perspectivas de crecimiento regional, sino también para la integridad y los medios de subsistencia de las personas que viven en la región", alerta el informe del BM.
La ventaja de la baja inflación
En 2021, la inflación en Bolivia fue del 1%, la más baja de Sudamérica. En este aspecto, el economista Christian Aramayo Arce dijo a Sputnik que —a diferencia del contexto global— "Bolivia no tiene tasas importantes de inflación, por ello la tasa de crecimiento no va a ser afectada por el efecto de los precios, que está habiendo a nivel mundial", propiciados por los desajustes en la producción que ocasionó la pandemia de COVID-19.
El crecimiento de la inflación en varios países se debería, además, "a la cantidad de dinero impreso a nivel mundial para la reactivación económica", fenómeno del cual Bolivia se pudo mantener aparte.
Durante 2020, cuando gobernó la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), el PIB del país cayó un 12,5%, según el Ministerio de Economía. Aunque el crecimiento en 2021 ronda el 5%, aún falta para alcanzar los niveles previos a la pandemia.
"Hay casos como Chile, o Paraguay, que ya han recuperado sus niveles de crecimiento, incluso han logrado superar niveles de crecimiento previos a la pandemia. Van a un ritmo de pospandemia", graficó Aramayo.
Perspectivas para 2022
El Gobierno nacional postula la industrialización a través de la sustitución de importaciones. "Por ello, el Estado asume un rol muy importante en la economía. Para generar un impacto más grande, va a haber una intensificación en la obra pública", dijo Aramayo.
En este sentido, "la construcción va a ser la que más jale el crecimiento, por la incidencia en mano de obra: la subcontratación de pintores, empresas de otras industrias que proveen materiales e insumos".
Para este economista, graduado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz de la Sierra (este) la construcción no es suficiente para mantener una economía pujante.
"El modelo en sí mismo carece de sostenibilidad financiera, porque ya el país cuenta con problemas muy serios de déficit fiscal. No hay de donde pueda sacar el Gobierno recursos para financiar estos programas con que busca reactivar la economía", sostuvo.
Según Aramayo, el Gobierno tendría tres fuentes posibles de financiamiento: "Mayor tributación, es decir una suba de impuestos y aranceles. O tomar deuda externa, a la cual Bolivia no tiene tanto acceso como tuvo tiempo atrás, porque sus condiciones económicas no son las mismas".
Una tercera opción, aprovechando la baja tasa de inflación, "sería la emisión de más moneda. Pero este sería el peor escenario, porque implicaría tener tasas de inflación que afecten al tipo de cambio (dólar-peso boliviano)".
Esto afectaría sobre todo a las familias bolivianas, "porque la inflación no afecta tanto al millonario o a la clase media, como afecta a familias que no tienen recursos para llenar una canasta básica a lo largo del mes", evaluó.
Cuestionamientos al presupuesto
René Martínez es asesor de la Fundación Jubileo, una institución católica que investiga temas políticos, sociales y económicos. "Hemos visto las proyecciones del Gobierno como bastante optimistas", comentó a Sputnik.
En 2021, el Gobierno de Arce presentó su plan de desarrollo hasta 2025, que tendría un problema en sus inversiones, según Martínez.
"Son montos muy altos. Plantean más de 30.000 millones de dólares para ejecutar el plan. Sin embargo, no se tienen estos recursos en Bolivia. El Estado está en una situación deficitaria muy compleja", consideró.
Martínez explicó que en Jubileo "hemos analizado mucho el plan que se tiene para este momento económico tan complicado que atraviesa el país. Al contrario de lo que muestran las proyecciones, se ve más bien un deterioro constante de las variables macroeconómicas".
También observaron "señales de insostenibilidad económica futura, en caso de no corregirse los desequilibrios macroeconómicos".
Agregó que en el presupuesto 2022, el Gobierno "prevé un crecimiento relativamente alto, con recuperación de los ingresos públicos. Pero en la práctica tampoco se tiene sustento suficiente para ver esta recuperación importante en los ingresos públicos".
"Vemos muy compleja esta situación. La economía del país es muy dependiente del endeudamiento público, de la deuda externa. Hubo una caída pronunciada de las reservas, lo cual puede llevar a la inestabilidad del país, en términos económicos", dijo Martínez.
Según el Banco Central de Bolivia (BCB), en junio de 2020 las Reservas Internacionales Netas eran de 6.272,4 millones de dólares. Seis meses después, en diciembre de 2020, eran de 5.275,9 millones.
Para la última medición, de junio de 2021, las reservas internacionales se habían reducido a 4.624,3 millones de dólares.
La actual situación por la que atraviesa el sector de los hidrocarburos es calificada como la mayor crisis de los últimos años, ya que la política implementada desde la 3058 y sumada el decreto de nacionalización solo apuntó a obtener mayor renta petrolera, y descuidó la exploración y las reservas, reflexiona el analista del sector de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez. El sector de hidrocarburos pasa una crisis muy profunda, la peor de los últimos 20 años, asegura el analista e indica que la situación actual es resultado de la política hidrocarburífera, y la Ley 3058, más orientada a enfoques rentista. Lamentó que el Gobierno se haya preocupado en conseguir mayor renta petrolera para el Estado, y es en este marco que se promulga el Decreto de Nacionalización, que busca captar mayores recursos. Velásquez señala que ese proceso descuido la exploración, el descubrimiento de nuevos pozos petroleros, y una muestra de ello es la caída de la producción de gas desde el 2015, hasta llegar a 45 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) en 2021. En un foro organizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, sobre desarrollo de la petroquímica, el presidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen, reconoció que los problemas de la producción ya venían desde hace años. Tal aseveración es confirmada por Velásquez, cuando dice que el problema viene desde hace tiempo atrás, y es resultado de la falta de actividad exploratoria en Bolivia, y los resultados muestran que el único campo nuevo es Incahuasi, en los últimos 14 años. El sábado, el Presidente Luis Arce anunció que los resultados en Margarita 10 son positivos y en el corto plazo, podrá producir 3 MMmcd, y se convertirá en uno de los de mayor producción, pero ya recibió críticas de que el mismo está en el campo Margarita, descubierto en la era de los gobiernos neoliberales. El analista de la Fundación Jubileo recuerda que en el plan quinquenal de 2015, del sector de hidrocarburos, apuntaba a producir 73 MMmcd hasta 2020, pero la política hidrocarburífera ha descuidado la exploración y no facilitó el trabajo de las empresas. «No se creó incentivos para las empresas nacionales o extranjeras», señala y agrega que las actuales condiciones no son de las más óptimas. Identifica que la ley genera problemas de seguridad jurídica, ya que el marco normativo no está adecuado a la Constitución Política del Estado de 2009. Recuerda que los roles de las instituciones no son claras, por ejemplo el trabajo de regulación y supervisión a YPFB por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está en análisis.
EXPLORACIÓN Entre el 2011 y 2012 se observó una falta de exploración, y resultado es la caída de la producción y problemas con los mercados extranjeros. «El sector de hidrocarburos tiene problemas de oferta, mientras la demanda de mayores volúmenes va en incremento, y Bolivia no puede cumplir, y es por ello que ingresó en la renegociación de contratos a través de las adendas», señala. En los últimos años se acordaron adendas con Brasil y Argentina, para ajustar los contratos, y con este último país se bajó los volúmenes de envío, y al mismo precio, es decir no se actualiza el valor del millón de BTU, a pesar de que el crudo en el mercado internacional subió a 80 dólares el barril.
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Política El experto plantea que las autoridades del sector hidrocarburífero deben ajustar y definir una nueva política, ya que los resultados son de largo plazo, y por ello necesita realizar las modificaciones en el mediano plazo, con el objetivo de atraer inversionistas extranjeros y abrir las puertas a los nacionales. Con respecto a las inversiones, Velásquez dijo que son insuficientes, en los últimos años. El Gobierno fijó en 2021 inversiones en exploración 261 millones de dólares de un presupuesto de casi 800 millones, pero los resultados finales señalan que no se logró alcanzar la meta. Para la presente gestión se informó que serán 400 millones para esa tarea. El exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, dijo en reiteradas oportunidades que las inversiones anuales solo para exploración deben pasar los 5.000 millones, y YPFB no tiene condiciones, por ello es necesario atraer inversión extranjero.
Ley La generación de una nueva normativa debería ser consensuada entre todos los actores del sector de hidrocarburos, como petroleras, municipios, gobernaciones y gobierno, para que fije el norte para el sector, y no sea una imposición del Poder Ejecutivo. El Ministro de Hidrocarburos en el foro de la petroquímica ya anunció que es vital una nueva ley que se ajuste a la Constitución Política del Estado, y a la nueva realidad del país; Velásquez asegura que las condiciones de 2005 a 2022, son diferentes.
Campo
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró ayer que el pozo Margarita 10 será el mayor productor de gas natural del Estado Plurinacional de Bolivia. Se refirió al tema luego de que el presidente Luis Arce anunciara el sábado que la perforación realizada en el campo Margarita 10 arrojó resultados positivos con un volumen de tres millones de metros cúbicos por día. «Es un pozo que va a ser el mayor productor de gas natural que vamos a tener ahora en el país», aseguró Dorgathen ayer en entrevista con Bolivia TV. La producción de Margarita 10 generará ingresos al Estado y una renta petrolera de más de 260 millones de dólares al año, con lo que se fortalecen las posibilidades de inversión principalmente en áreas como salud, educación y reactivación económica, señala ABI.
7 de febrero de 2022 22:44
El gas del campo Margarita-Huacaya, sirve, pero no resuelve crisis del sector hidrocarburífero
Medinacelli y Velásquez coinciden que es una buena noticia, pero...
El gas del campo Margarita-Huacaya, sirve, pero no resuelve crisis del sector hidrocarburífero
Medinacelli y Velásquez coinciden que es una buena noticia, pero no compensa la caída en la producción de gas
Campos petroleros. Foto:
La Paz, 7 de febrero (ANF).- El descubrimiento de gas en el campo Margarita-Huacaya en el pozo Margarita 10 y el Bloque Caipendi representa 0,35 trillones de pies cúbicos (TCF), es una buena noticia pero no soluciona la crisis del sector hidrocarburífero ni compensa la caída en la producción del gas natural, sostienen los expertos en el tema, Mauricio Medinacelli y Raúl Velásquez.
“Es buena noticia dada la triste situación del país. Cualquier descubrimiento suma, en este caso es el pozo Margarita 10 que está en el Bloque Caipendi, donde se ubican los campos Margarita – Huacaya”, señaló Velásquez analista en temas de Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo a la ANF.
Con base en lo que anunció el jefe de Estado, que el pozo podría llegar a producir 3 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), considerando que el país produce actualmente 43 MMmcd el incremento puede llegar a representar el 7%, es decir, se incrementaría a 46 MMmcd, detalló.
Medinacelli insistió que el hallazgo en dicho reservorio no es 0,5 o 1 TCF, sino 0,35 TCF que “alcanza para un año de producción de gas adicional o un poco menos, pero el país necesita el doble”, es decir, 7 trillones de pies cúbicos de gas.
“Si bien ayuda, añade seis a ocho meses de producción, pero no cambia la situación de crisis del sector hidrocarburos. Es una noticia parcialmente buena, porque más gas es bueno, pero no es algo sustantivo”, acotó Medinacelli en radio Compañera.
Este fin de semana, en Oruro, el mandatario lanzó la información del descubrimiento de 300 a 350 billones de pies cúbicos de gas, lo que permitiría revertir el deterioro que estaban sufriendo los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Medinacelli sostiene que estas reservas irán a “aliviar, ayudar, sí; resuelven el problema, no” porque no compensa la caída en la producción, ni resuelve la crisis del sector que se arrastra desde la gestión 2016, “por todo lo que se hizo en los siguientes años. Es la cosecha de hace 15 años atrás”, afirmó.
Por su parte, Velásquez lamentó que “se caiga de nuevo en la politiquería de anunciar una recuperación que no es real aún, por ello insistimos desde Jubileo en que hay que atender las causas estructurales, es decir, una nueva política hidrocarburífera”.
La organización planteó la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos para que responda a la Constitución Política del Estad y a los nuevos escenarios del país, la región y la situación mundial.
Precisaron que no se trata de una exploración nueva sino de un campo de la década de los 90.
YPFB: 18 directores y síndicos ganan Bs 10.500 al mes así sea por una sola reunión
Un experto observa su tarea en la fiscalización de hechos de corrupción y otros....
YPFB: 18 directores y síndicos ganan Bs 10.500 al mes así sea por una sola reunión
Un experto observa su tarea en la fiscalización de hechos de corrupción y otros. En los directorios se observa a Luis Fernando Vincenti como director de varias empresas.
Las oficinas de YPFB en la ciudad de La Paz. / Foto: Archivo.
De un total de 56 directores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y subsidiarias, 18 ganan 10.500 bolivianos por una o más reuniones al mes, informó ayer la estatal petrolera.
El vocero de YPFB Casa Matriz, Juan Carlos Ortiz, indicó que las filiales y subsidiarias en Bolivia se regulan por el Código de Comercio, el cual especifica que el directorio es la instancia de conducción estratégica y de control de la gestión de cada una de las empresas, debajo de la junta de accionistas. “Existen 56 cargos de directores y síndicos entre las empresas filiales y subsidiarias de YPFB, de los cuales 18 reciben dicha remuneración por su participación en reuniones”, precisó.
Explicó que cuando un director trabaja en Casa Matriz o alguna empresa afiliada a subsidiaria, no recibe ningún reconocimiento monetario adicional por ejercer esa función.
“Sin embargo, cuando la autoridad no es funcionario de la estatal, ni de ninguna de sus compañías, se le reconoce un pago de 10.500 bolivianos por su participación en una o más reuniones que se realicen en un mes. En este caso, si no se lleva a cabo ninguna reunión, entonces el director no percibe ningún monto”, puntualizó Ortiz.
Añadió que estos cargos pueden ser designados en algunos casos por socios del exterior y del país, que eligen directores y síndicos por la minoría en YPFB Andina y Gas Transboliviano (GTB). En ese marco, cinco de los 18 directores que perciben ingresos por asistir a estas reuniones de directorio fueron seleccionadas con esa modalidad.
Aseguró que la labor de todas estas personas está enfocada en maximizar el beneficio de las compañías que representan.
Según el vocero, el grado de responsabilidad que asume cada director como en cualquier Sociedad Anónima es importante, ya que está en sus manos la gestión estratégica y el control a la gestión integral de la empresa para conseguir importantes resultados como los alcanzados en 2021.
El vocero dijo que los directorios de cada empresa filial de YPFB los conforman profesionales y delegados laborales que son expertos en hidrocarburos.
Se repiten nombres
En la lista de directores de algunas empresas subsidiarias de YPFB, llama la atención que se repitan algunos nombres como el de Luis Fernando Vincenti en diferentes compañías.
El actual presidente de YPFB, Armin Dorgathen, también figura como director de varias firmas al igual que otras personas como el de Luciano Montellano Abasto (ver cuadro).
Fiscalización
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, opinó que hay tantos directores sobre quienes pesan varias interrogantes como por ejemplo ¿por qué no investigaron o alertaron los diferentes hechos de corrupción que se denunciaron en los últimos años en la estatal petrolera?
Existe la duda de por qué no fiscalizaron los elevados sueldos que se denunciaron que existen en la planta de Amoniaco y Úrea o las remuneraciones que perciben dirgentes como Rolando “Flaco” Borda. “Los directores deben controlar y guiar el buen manejo de YPFB”, añadió.
Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, opinó que YPFB debe transparentar el pago a sus funcionarios desde el directorio hasta el personal de planta. “Al ser directores de la principal empresa del país, son personas que cargan una responsabilidad importante y delicada y deberían ser profesionales con conocimiento en el sector hidrocarburos para conocer y ver qué es lo que se está aprobando”, dijo. Además, dijo que los directores son los que aprueban los contratos y planes de exploración y producción, lo cual requiere conocimiento técnico.
Velásquez recordó que el presidente de YPFB deberia tener una amplia experiencia, pero desde 2006 se han tenido 14 autoridades interinas, por eso todos los cargos de la estatal deberían ser institucionalizados. “Muchos se designaron con criterio político”.
“El sector atraviesa por un crítico momento, pero es resultado de la política de hidrocarburos implementada desde 2006. Si YPFB se sigue manejando bajo criterio político y vista como institución generadora de empleos es que tendremos estos resultados”, observó.
Economía
31 de enero de 2022 18:59
Experto de Jubileo advierte que la política hidrocarburífera atraviesa por un problema estructural
La situación es complicada...
Experto de Jubileo advierte que la política hidrocarburífera atraviesa por un problema estructural
La situación es complicada desde hace siete años cuando la producción de gas natural empezó a bajar de manera constante, sostiene Velásquez, al advertir que existe un “problema estructural” en el sector hidrocarburos.
Producción promedio diaria de gas natural. Imagen: F. Jubileo
La Paz, 31 de enero (ANF).- “Bolivia no está en la mejor posición negociadora con Argentina”, afirma el analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raul Velásquez, a raíz de la constante baja en la producción de gas natural, cuando se cumple el plazo para la firma de una sexta adenda en el contrato de exportación de gas natural a ese país.
La situación es complicada desde hace siete años cuando la producción de gas natural empezó a bajar de manera constante, sostiene Velásquez, al advertir que existe un “problema estructural” en el sector hidrocarburos que deviene desde hace 15 años.
“Creemos desde Fundación Jubileo que hay un problema estructural, lamentablemente a veces la atención de la agenda pública se centra solo en el efecto, como ahora que es la adenda, o un eventual cambio en los precios del petróleo”, declara Velásquez a la ANF.
Argumenta que la política de hidrocarburos no responde a la Constitución, a la situación del país, ni a la nueva realidad de la región porque el 2005 Argentina no tenía Vaca Muerta y Brasil no tenía presal; pero tampoco la situación mundial por el cambio climático y la crisis medioambiental.
“Todos estos factores tienen que influir en una nueva política hidrocarburífera, repensar al sector hidrocarburífero considerando que el gas natural es un combustible de transición; además con una mirada de 10 o 20 años hacia adelante. Eso es muy importante”, afirmó Velásquez.
Considera que el problema estructural requiere respuestas a nivel de reformas normativas, institucionales, “hay que arreglar todo el problema de institucionalidad tan desgastada y distorsionada, el tema ambiental es un factor fundamental y el tema fiscal también”, anotó.
Detalló que el régimen fiscal aplicable al sector no es atractivo para las inversiones, porque está orientado a la captura de renta, la mayor participación del Estado en la ‘torta’, no obstante, dijo que la ‘torta’ puede desaparecer si no hay exploración.
El riesgo de mantener esta política es que el país vaya perdiendo su participación en el mercado argentino y brasileño, porque hasta ahora son compradores, pero se están convirtiendo en productores, por lo tanto, competidores de Bolivia.
La quinta y la sexta adenda al contrato
Este 1 de febrero tendría que entrar en vigencia la sexta adenda en el contrato entre Bolivia y Argentina, para el envío de volúmenes de gas natural. Es más, en julio de 2021 ya se debía haber suscrito, pero por falta de acuerdos se retrasó la firma.
La situación es “muy complicada” para el país y no es de hoy, sino de los últimos seis o siete años. Velásquez explica que de acuerdo al Plan de Desarrollo del sector Hidrocarburos que presentó ese ministerio en 2015, actualmente se debería estar produciendo 73 millones de metros cúbicos por día, pero la producción es de 43 millones de metros cúbicos por día.
Además, en el marco de ese plan quinquenal el país ya debería contar con un nuevo contrato con Brasil, no obstante, hasta ahora solo se cuenta con una adenda para el cierre del acuerdo.
“Entonces, Bolivia no está en la mejor posición negociadora con la Argentina porque básicamente tenemos un contrato con Brasil que esta con adenda, pero no tenemos un contrato a largo plazo; tenemos una caída en la producción casi permanente en los últimos seis años, que no ha sido revertida”, sostuvo.
La quinta adenda se firmó en diciembre de 2020, en el gobierno de Luis Arce, para el envío de menos volúmenes de gas a la Argentina, el mínimo ya no era 10 millones de metros cúbicos, sino 9 millones de metros cúbicos por día y se establece un máximo de 14 millones de metros cúbicos.
“Estas adendas con Argentina en especial la cuarta y la quinta responden a un problema de Bolivia de no contar con suficiente producción, es un problema de oferta de gas natural. No es un problema de demanda sino de oferta”, precisó Velásquez.
Es decir, que el problema es de Bolivia que no tiene suficiente gas para cumplir con sus compromisos con la Argentina. Por esa razón, ambos gobiernos analizan la firmar de una sexta adenda que debiera entrar en vigencia este 1 de febrero.
Plantea que la adenda debiera establecer volúmenes programados hasta el fin del contrato, es decir, hasta el 2026, para evitar esta dinámica de negociar una adenda cada año, como se lo hizo en los últimos tiempos.
“Lo ideal sería que esta sexta adenda dé una garantía de volúmenes y precio para el cierre del contrato. Esto es importante para Bolivia porque permite asegurar un mercado y atraer inversiones a la actividad de exploración”, precisó el experto.
Identifica que uno de los problemas es que a la par de la sobreexplotación de los campos no se hizo actividad exploratoria, más aún cuando estas operaciones son de alto riesgo, costosas y los resultados no son inmediatos.
Insistió que la situación de hidrocarburos es el efecto de la política hidrocarburífera que se ha implementado en mayo de 2005 con la Ley 3058. Tanto minería e hidrocarburos son actividades de largo plazo, 10 o 15 años.
La ruta crítica en la producción de gas
El analista en los temas energéticos recordó que el contrato de exportación de gas a la Argentina fue firmado el 2006 y termina el 2026, 20 años. De acuerdo a ese contrato, se estimaba que Bolivia el 2010 iba a poder exportar a ese país 27 millones de metros cúbicos por día.
El compromiso suponía un crecimiento e incremento muy rápido de la capacidad de exportaciones, cuando ni siquiera había la infraestructura como un gasoducto que permita esa cantidad de gas para la exportación.
Cuatro años más tardes, el 2010 se produce la primera adenda en la que se pactan nuevos volúmenes de envío. “Se mantiene el horizonte de poder exportar 27 millones de metros cúbicos por día, pero se ve un crecimiento paulatino. Se reprograma la oferta de gas natural para los próximos años”.
Después hubo una segunda adenda en torno al tema del precio, una tercera adenda en relación a la garantía de pago de la Argentina y luego vino una cuarto adenda el 2019, en la que se establece una cantidad máxima de exportación de 14 millones de metros cúbicos de exportación para invierno y se fija una cantidad mínima de 10 millones de metros cúbicos. Cuando se debía enviar 23 millones.
Velásquez puntualizó que existe la tendencia de atribuir la crisis económica a la situación de la pandemia, pero el gas natural que se constituye en el principal hidrocarburo que produce el país se incrementó en un 50% entre 2009 a 2015, ese último año llegó a producir 60 millones de metros cúbicos.
El incremento es atribuido a la “sobreexplotación” acelerada de los campos descubiertos a finales de la década de los 90 y principios del nuevo siglo, no obstante, no hubo suficiente exploración que permita reponer esas reservas y encontrar nuevos campos de hidrocarburos.
Así se explica que desde 2016 empieza a caer la producción año tras año, 2016, 2017, 2018, hasta llegar al 2021 a un promedio de producción de 43 millones de metros cúbicos por día. “Desde el 2015 a la fecha hubo una caída permanente de la producción de gas natural debido a la falta de exploración”.
Este escenario se constituye en un problema para Bolivia, porque a raíz de la caída en la producción de gas natural, se ha tenido que renegociar los contratos de exportación para no incurrir en sanciones y multas.
Además, que el país está adecuando los mercados y los contratos de exportación a su capacidad actual de producción “para no comprometernos por mayores volúmenes que al final no vamos a poder cumplir”, sostuvo.
Las conversaciones al negociar las adendas incluyen el tema precios y volúmenes. “Esto impacta a Bolivia en términos de ingresos fiscales, cualquier disminución si comparamos con el 2010 ya hay una importante disminución de casi la mitad del volumen que pensábamos que se podía exportar.
Asimismo, repercute en menores recursos económicos por regalías y por Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo que afecta a gobernaciones, municipios y universidades, entre otros.
Expertos sugieren bajar los envíos de gas a Argentina en sexta adenda
Economía
El ducto de exportación de gas de Bolivia hacia Argentina. | YPFB
Roger...
A menos de una semana de vencer el plazo para la firma de la sexta adenda al contrato de compraventa de gas natural con Argentina, Bolivia llega a la negociación con cinco adendas previas que evidencian la incapacidad para cumplir los volúmenes requeridos por el vecino país, cayendo de 27 millones de metros cúbicos día (MMm3d) en 2006 a 14 MMm3d en 2021, como consecuencia de la declinación de la producción de hidrocarburos.
En este contexto, tres especialistas en el área advierten que Bolivia debe “flexibilizar” su postura, ofrecer entre 8 y 9 MMm3d de gas natural y negociar las demandas argentinas que buscarán establecer un nuevo precio en compensación a los constantes incumplimientos de contrato establecido en 2006.
El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, afirmó que Bolivia tiene que ajustar la negociación de la sexta adenda pare evitar futuras sanciones, considerando los planes de exploración de desarrollo que tienen las empresas en Bolivia durante los próximos seis años.
Señaló que, al momento de la suscripción del contrato el año 2006, la producción de hidrocarburos se encontraba con un promedio de 39 MMm3d, pero, a diciembre de 2021, alcanzó un volumen de 41 MMm3d. En 2015 se registró un pico con 60 MMm3d en un contexto de elevados precios del petróleo.
“Las adendas que Bolivia ha ido firmando con Argentina y Brasil son el efecto de esta política hidrocarburífera que nos muestra un problema estructural en el sector hidrocarburos, que tiene que ser readecuada a la realidad nacional, regional y mundial”, añadió Velásquez.
En tanto, para el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, Bolivia no tiene la capacidad para cumplir con la demanda que tiene el norte argentino, lo que obliga a que el vecino país deba importar GNL.
“La producción de Bolivia está limitada y lo máximo que hay para enviar este 2022 a la Argentina son 8 MMm3d o tal vez 9 MMm3d”, estimó Ríos.
Por otro lado, el analista consideró que Argentina solicitará una negociación del precio ante el incumplimiento de los volúmenes comprometidos anteriormente.
En tanto, el analista en hidrocarburos y exvicepresidente de YPFB Hugo del Granado señaló que Bolivia se encuentra en una mala posición al incumplir los términos originales del contrato.
“Bolivia está obligada a tener que bajar volúmenes porque teniendo una producción declinante es muy difícil que se mantengan dichos volúmenes, sobre todo cuando no hay nuevos descubrimientos y cae la producción”, añadió del Granado.
Los Tiempos buscó la postura de YPFB respecto al avance de las negociaciones de la sexta adenda al contrato de exportación de gas a Argentina; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
YPF de Argentina avanza con Vaca Muerta
A octubre de 2021, la estatal argentina YPF alcanzó la producción más alta de shale oil en Vaca Muerta, el megacampo gasífero ubicado en la Patagonia de Argentina.
En este periodo, la operadora produjo 61 mil barriles propios por día, según informó revista Petro Química. La meta fue fijada en 54 mil barriles al día.
Por otro lado, al tercer trimestre de 2021, la petrolera argentina logró mantener el Ebitda por encima de los mil millones de dólares y obtener una ganancia neta de 237 millones de dólares, impulsada por la recuperación de las ventas de combustibles y los mejores precios del gas.
Alianza de 15 instituciones abre convocatoria para curso sobre desarrollo urbano
El taller está dirigido para jóvenes de 18 a 30 años, quienes recibirán las experiencia de...
Alianza de 15 instituciones abre convocatoria para curso sobre desarrollo urbano
El taller está dirigido para jóvenes de 18 a 30 años, quienes recibirán las experiencia de más de 30 especialistas en unas sesiones virtuales y gratuitas.
24 de enero de 2022 (16:25 h.)
Afiche del curso de Incidencia en la planificación y construcción del desarrollo urbano.
Alianza de 15 instituciones abre convocatoria para curso sobre desarrollo urbano
La Plataforma Nacional de Formación y Participación Bolivia Construye abre la convocatoria para el curso virtual y gratuito Incidencia en la planificación y construcción de desarrollo urbano sustentable e inclusivo, a desarrollarse entre el 2 de febrero y el 29 de abril.
Los contenidos, brindados por más de 30 especialistas, abordarán los principales desafíos del desarrollo de las regiones metropolitanas del país y lo que estas ofrecen a los jóvenes, a partir del aporte de los miembros de las instituciones aliadas, especialistas invitados y el acercamiento a la visión de las autoridades responsables de la gestión del desarrollo metropolitano y a la visión de las organizaciones juveniles de las mismas.
Pueden participar del curso personas de 18 a 30 años y que vivan en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto o Cochabamba. Se entregará un cupo limitado de participantes y los interesados deben llenar un formulario en este enlace. La convocatoria fenece el 30 de enero.
“Bolivia Construye” es una iniciativa colaborativa interinstitucional impulsada por el Instituto Socioambiental Bolivia, la Fundación Jubileo-Proyecto Acción Ambiental Metropolitana, el Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón (CEPLAG-UMSS), la carrera de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), el Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (OPN-UAGRM), la Fundación SEPA , el Centro San Isidro y la Fundación IRFA de Santa Cruz. Hasta el 30 de enero.
Mientras que las instituciones coorganizadoras o aliadas son el Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), el Centro para el Desarrollo Urbano Regional (CEDURE), el Proyecto Corredores Biológicos y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Mayor de San Simón. Así mismo, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) realiza una importante labor en el país como responsable de la asistencia técnica al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para la implementación de la Nueva Agenda Urbana, a través de la proyección e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades.
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Cinco sectores concentran el 62,5% de las inversiones del Estado
La inversión pública programada para 2022 es la segunda más grande...
Cinco sectores concentran el 62,5% de las inversiones del Estado
La inversión pública programada para 2022 es la segunda más grande en la historia de Bolivia y se anuncia luego de dos años en los que la generación de ingresos ha sido muy afectada por la crisis sanitaria
23/1/2022 04:00
Se requiere mantenimiento en la carretera Santa Cruz-Beni
Por Wálter Vásquez
Este año, de cada 10 dólares invertidos por el Estado boliviano, poco más de seis se destinarán a 33 proyectos y programas en las áreas de transporte, minería, industria, hidrocarburos y energía. La obtención de los recursos y la capacidad de ejecución presupuestaria serán los principales desafíos para concretar estas iniciativas, de acuerdo con la Fundación Jubileo.
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas detallan que, de un total de $us 5.015 millones de inversión pública presupuestada para esta gestión, el 62,5% se destinará a transporte (1.284 millones), minería (810 millones), industria (368 millones), hidrocarburos (359 millones) y energía (316 millones), mientras que el 37,5% restante cubrirá las necesidades de otros 12 sectores.
La inversión estatal de este año se incrementó en un 25% con relación a lo planificado para 2021 y responde a la necesidad de dinamizar el mercado interno e “incrementar la capacidad productiva” del país, según el titular de Economía, Marcelo Montenegro.
René Martínez, analista de presupuestos públicos de la privada Fundación Jubileo, considera por su lado que la cifra de $us 5.015 millones “es demasiado alta y está un poco alejada de la disponibilidad real de recursos que ha tenido el país en los últimos años”.
Factibilidad de los proyectos
Lo presupuestado para 2022 es similar a los $us 5.065 millones que se lograron ejecutar en 2016, “año récord de la inversión pública”. “Ese fue en otro contexto, ahora los recursos han caído de manera muy significativa (...). Concretar una inversión pública de $us 5.015 millones es bastante difícil, por las capacidades de ejecutar que tienen los diferentes niveles de gobierno y por la disponibilidad de recursos”, indica Martínez.
Las cifras del Gobierno muestran que, tras alcanzar su pico en 2016, la ejecución de la inversión pública disminuyó hasta llegar a 3.769 millones en 2019 -el año previo a la pandemia-, a 1.784 millones en 2020 -en el inicio de la emergencia sanitaria-, y a $us 999 millones (25%) a junio de 2021.
El economista Lorgio Ardaya está seguro de que en “esta gestión habrá mejores niveles de inversión pública” que los alcanzados en 2021. “El año pasado, hubo un proceso de ajuste en la administración pública por los cambios que se dieron en municipios y gobernaciones (debido a las elecciones subnacionales)”, recuerda.
Del total de proyectos productivos que se pretende ejecutar durante el periodo 2022 el Ministerio de Economía destaca 33. En el sector de transporte, se destinarán $us 306,1 millones al Programa de Construcción de Carreteras, 107,5 millones a la carretera Rurrenabaque-Riberalta, 96,2 millones al Tren Metropolitano de Cochabamba, 65,6 millones a la Doble Vía El Sillar y $us 60,8 millones a la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio.
El investigador de Jubileo recuerda que la expansión de la Red Vial Fundamental ha sido el principal motor de la inversión estatal en los últimos años. “Lo que sí llama la atención es el significativo aumento de las inversiones en minería, que pasaron de un promedio del 5% en los últimos años al 16% en esta gestión”.
En el sector minero, se busca que los recursos impulsen el Programa de Industrialización para las refinerías de zinc en Oruro y Potosí ($us 431 millones), la Planta Siderúrgica Básica para la fabricación de laminados de acero en Mutún (177 millones), el desarrollo integral de la salmuera del salar de Uyuni (145,7 millones) y la planta concentradora de Colquiri ($us 29 millones).
Los primeros dos proyectos son de larga data y se han hecho varios intentos para hacerlos realidad. El primero se inició hace más de una década y el segundo en 2007.
Este inédito incremento en los recursos destinados al sector minero se da en un contexto de alza en la cotización de los minerales. Lo confirmó el 15 de enero el presidente Luis Arce. “No podemos desperdiciar los precios internacionales”, anticipó.
“Para que podamos dar como país el salto cualitativo a la industrialización (...), vamos a hacer modificaciones a la estructura de nuestro Ministerio de Minería, porque tenemos que apuntar a la producción de minerales como el estaño, el oro y el indio, que hoy son base para todos los electrónicos que consumimos”, afirmó.
El tercer sector que absorberá mayor inversión del Estado es el industrial, en el que destacan la implementación del Complejo Industrial Farmacéutico en Cochabamba ($us 111,1 millones), de la Industria Química Básica (98,6 millones) y de la Industria de Camélidos (11,3 millones); una planta de vidrio plano (30,4 millones); las plantas de cemento de Potosí (17,2 millones) y de Oruro (5,8 millones); dos procesadoras de maní (13,8 millones) y dos procesadoras de papa en Chuquisaca y La Paz (cada una de $us 11,2 millones).
Desafíos por superar
Se contemplan, además, tres plantas piscícolas en el Chaco, el lago Titicaca y en la Amazonia ($us 16,6 millones); una planta de transformación de asaí, copoazú, acerola, sinini, majo y otros productos de la Amazonia (8,3 millones); una planta de almacenaje y transformación de cereales en La Paz (10,7 millones); una beneficiadora de castaña (3,4 millones) y un laboratorio para el control de calidad del Ibmetro ($us 3 millones).
Para Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, el hecho de crear más industrias públicas debería repensarse y en lugar de ello generar asociaciones público-privadas. “Esa inversión está bien si se trata del sector extractivo estratégico, no así si se trata del sector manufacturero, que habría que dejar a la iniciativa privada”, afirmó.
En hidrocarburos resaltan la perforación de los pozos Yara, Iñaú, Yope y Las Delicias ($us 90,9 millones); la prospección en la Cuenca Madre de Dios (57,2 millones); las plantas de Gas Natural Licuado (4,9 millones), de fertilizantes y granulados (4,9 millones) y de urea (4,5 millones); así como la preinversión en el programa de sustitución de importaciones de diésel (3,6 millones).
En el sector energético se priorizará la Hidroeléctrica Ivirizu ($us 100,5 millones), el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (49,5 millones), la Hidroeléctrica Río Miguillas (42,2 millones) y el Parque Eólico La Ventolera (16,4 millones).
Ardaya explica que la inversión pública apoya al crecimiento económico, a la generación de empleo y al control de la inflación. “El sector privado no tiene la capacidad para generar la totalidad de estas inversiones necesarias”. “Se sacrifica la economía del país en endeudamiento, pero se logra el crecimiento económico y el bienestar de la población boliviana”, afirma el economista.
Campos petroleros. Foto:
Producción promedio diaria de gas natural. Imagen: F. Jubileo
