Expertos afirman que Programa de Reactivación no es viable

Consideran que si la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos externos, no se tendrán recursos para encarar el plan, además que se vienen las elecciones.

martes, 30 de junio de 2020 · 00:04

Página Siete  /  La Paz

El Programa de Reactivación Nacional de Empleo, que recientemente lanzó el Gobierno, es inviable porque principalmente no cuenta con recursos económicos y su llave la  tiene la Asamblea Legislativa que está liderada por el MAS, coincidieron expertos. Asimismo,  consideran que el plan es visto como una campaña política con miras a las elecciones del 6 de septiembre.

“En un programa muy ambicioso que requiere tiempo y que los funcionarios de todo el aparato público estén identificados con el actual Gobierno y todo su gabinete. Por qué digo esto, porque si bien los jefes han sido cambiados,  el resto es gente del anterior Gobierno. Entonces, por muy buenas intenciones que se tengan no permitirán que proceda en su operatividad, porque habrá muchos trámites burocráticos que pueden ser trabados”, consideró el economista Germán Molina.

Mencionó que otro de los motivos es que desde julio hasta las elecciones, 6 de septiembre, quedan sólo dos meses, que es muy poco tiempo para ejecutar ciertos proyectos y que por lo mucho se puede lograr algunos trabajos temporales como el mejoramiento de calles, empedrados y  pintados, entre otros.

“No será de inmediato, dentro de un plan se tiene que seguir varios procedimientos como la aprobación de decretos reglamentarios, que el personal técnico conozca cómo va a operar. Todo eso toma tiempo y encima las elecciones ya se vienen; por tanto,  lo considero inviable, además que es un programa para un Gobierno constitucional de cinco años”, afirmó el experto.

Entretanto el economista Jaime Dunn consideró que el programa, que requiere 30.000 millones de bolivianos, es para dar apoyo a las empresas y mantener los empleos de la gente;  en ese sentido el plan está bien armado.

“No obstante, la debilidad que tiene es que ese dinero no está disponible, más aún ahora que los recursos de la planta de propileno ya no se usarán. Los recursos no se los tiene, pero está claro de dónde se los va a obtener que es el crédito externo, pero el problema es que la aprobación está en manos de la Asamblea, que es la que tiene la llave”, analizó Dunn.

Lo que en conclusión se puede indicar  es que, por muy buena intención que tenga el Órgano Ejecutivo en aplicar los programas que son urgentes en un panorama en el que la economía está afectada, la Asamblea Legislativa se puede encargar de obstaculizar, dijo.

“Lo ideal hubiera sido que se haga hace tres meses, pero es algo que se tiene que hacer ahora. No podemos esperar a un nuevo gobierno porque estamos en plena crisis económica y las autoridades tienen que mostrar mucha responsabilidad en dar soluciones”, indicó el especialista.

En su criterio, si la Asamblea da curso a todos los préstamos que se quieren gestionar, el programa de empleo   funcionará y puede haber viabilidad; además que está pendiente la emisión de bonos soberanos, para las cuales se tiene buen contexto, comparado a años anteriores.

Entretanto, el ministro de Obras Públicas Iván Arias  aseguró que las medidas aprobadas en el Decreto Supremo 4272 tienen por objeto  dinamizar la economía, generar recursos, especialmente en sectores que han sido afectados por proyectos que se han parado y apuntar a la gente que ha  sido atacada por la Covid-19,  que dañó a varios miles de empleos.

René Martínez,  investigador de la Fundación Jubileo, mencionó que la crisis del coronavirus y sus efectos implican una situación de emergencia que debe ser atendida inmediatamente.

“Hay temas específicos que no pueden esperar hasta después de las elecciones. Consideramos que son necesarias las políticas, tanto para atender este momento, como para el poscoronavirus, de manera que se pueda trascender esta crisis y los problemas económicos que se arrastran desde el anterior Gobierno”, evaluó.

Según Martínez, dadas las condiciones deterioradas en las cuales se encuentran las finanzas públicas, será fundamental en adelante acceder a recursos de financiamiento externo; ya sea para este programa u otro.

Soyeros piden acelerar reactivación

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)  Marcelo Pantoja  afirmó ayer que la creación del Fondo de Reactivación Económica servirá para aliviar las deudas de corto plazo; no obstante, observó que no se cuenta con los recursos que garanticen la implementación.

“La creación del Fondo de Reactivación Económica (Fore) para financiar parcialmente la reprogramación de créditos otorgados a los sectores productivos, entre ellos el agropecuario, es una medida acertada para alivianar las deudas de corto plazo que tienen los productores y así garantizar la producción de alimentos. Sin embargo, estamos preocupados de que no existan los recursos económicos suficientes que garanticen la implementación de estos planes y programas”, señaló.

Por tanto, Anapo demanda tanto al poder Ejecutivo como al  Legislativo para que extremen sus esfuerzos para asegurar los recursos económicos, que garanticen estas medidas que son fundamentales para continuar produciendo alimentos para el país.

Según Pantoja, de lo contrario  se tiene el riesgo  de que se cierren miles de unidades productivas, que puede significar el mayor desastre económico para Bolivia.

El sector productivo se encuentra en una difícil situación económica y necesita con urgencia la implementación de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Rehabilitación del Sector Agropecuario y del acceso a la reprogramación de créditos a través del Fondo de Reactivación Económica.

“Sólo de esa manera podremos garantizar la producción de alimentos para abastecer al mercado interno, además de generar excedentes para las exportaciones y con ello contribuir a la recuperación económica del país, asegurando cientos de miles de fuentes de empleos directos e indirectos en toda la cadena productiva de alimentos”, afirmó.

Beneficiarios de reasignación del IDH deberán rendir cuentas al Legislativo

La Ley 1307, promulgada este lunes por la Presidenta, instruye desembolsar $us 200 millones a alcaldías, gobernaciones y universidades en 15 días.

lunes, 29 de junio de 2020 · 18:18

Cándido Tancara Castillo / Página Siete Digital

La Ley 1307 de reasignación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), promulgada este lunes por la presidenta Jeanine Añez, beneficia a las alcaldías, gobernaciones y universidades públicas del país con el desembolso de 200 millones de dólares, recursos de los que deberán informar "según requerimiento” a la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En el marco del principio de transparencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional realizará la fiscalización de la ejecución de los recursos reasignados a las entidades beneficiarias de la presente ley, debiendo estas informar según requerimiento”, precisa la disposición final segunda de la Ley 1307.

La norma —sancionada el 18 de junio por el Legislativo— autoriza de manera “temporal” el traspaso de hasta 200 millones de dólares en favor de los gobiernos autónomos y 11 universidades públicas, en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre del año en curso.

La Fundación Jubileo informó hace unos días que no se trata de una reasignación sino de una recuperación de los recursos confiscados en 2015, durante el gobierno de Evo Morales, por la Ley 767 que creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), financiado con el 12% del IDH.

En los anteriores cinco años, el fondo tenía acumulados 524 millones de dólares, de los cuales ahora serán desembolsados 200 millones de dólares.

Jubileo recordó que la Ley 767 fue dictada por encima de la Ley de Hidrocarburos 3058 (2005), que en su artículo 57 establece que los ingresos por IDH deben ser destinados a los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo, pero no a las actividades hidrocarburíferas. Por esta razón sugirió la restitución total o anulación de la Ley 767.

Asignación de recursos

El artículo 3 de la Ley 1307 dispone la siguiente distribución de recursos: 78% para municipios; 15% para gobernaciones y 7% para universidades públicas. La norma promulgada por Añez instruye a municipios y gobernaciones emplear el 50% de esos recursos para la prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.

El artículo 4 detalla que el 25% de los recursos que recibirán las regiones por efecto de esta reasignación deberán ser destinados a la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria.

El restante 25% de este fondo temporal deberá servir para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia.

Ahora, indica la norma, los municipios, gobernaciones y universidades públicas contarán con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del Covid-19, que hasta la noche del domingo Bolivia ya suma 31.524 pacientes y 1.014 fallecidos.

“Hoy promulgamos la Ley que reasigna una parte de los recursos del IDH para Entidades Territoriales Autónomas y para universidades públicas, con el objetivo de resguardar la salud de los bolivianos y que esos recursos sirvan para la lucha contra el coronavirus, fortalecer la seguridad alimentaria y las actividades productivas para que el motor económico de nuestro país nos lleve adelante”, publicó Añez en su cuenta de Twitter.

Proyectan que un 3,5% de la clase media pasará a la franja de pobreza

A causa de la pandemia, este segmento socioeconómico ha recibido ingresos a ‘cuentagotas’. Son sujetos de recortes salariales, además de que el temor a perder el empleo es mayor al de contraer la enfermedad

La empresa estatal dejó sin efecto una disposición anterior con la Resolución Administrativa 081 del 1 de junio, aunque no especificó las razones de esta decisión.

 

ECONOMÍA

jueves, 4 de junio de 2020 · 00:04

Lidia Mamani  /  La Paz

 

La estatal YPFB dejó sin efecto la Resolución Administrativa 078 del 31 de marzo de 2020, en la que se aprobaba el procedimiento de contrataciones para el suministro de hidrocarburos. La estatal anuncia que se hará una nueva contratación.

“Mediante Resolución Administrativa 081 del 1 de junio de 2020, emitida por el presidente de YPFB, Richard Botello, se dejó sin efecto la Resolución Administrativa 078 del 31 de marzo de 2020, que aprobó el procedimiento de contrataciones por emergencia en virtud a la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus”, señala una nota de prensa de la petrolera. Aunque no detalla las razones del mismo.

Los procesos de contratación de suministro de hidrocarburos líquidos por emergencia, iniciados en el marco de la Resolución 078, no fueron formalizados, es decir que no se suscribió ningún contrato de suministro de hidrocarburos líquidos y menos se realizó el pago por dicho concepto, afirma.

En abril pasado se cuestionó que en la gestión del entonces presidente de YPFB Herland Soliz se haya adjudicado sin licitación cuatro contratos para el suministro de diésel, insumos y aditivos por más de 163,9 millones de dólares, en el marco de procedimientos de contrataciones por emergencia del Covid-19. Las empresas adjudicadas eran: Petroperu, Vitol, Refinor y Unlimited Corporations.

El 2 de junio, el Ministerio de Hidrocarburos informó que la Dirección de Transparencia realiza la investigación sobre los procesos de contratación  para el suministro de hidrocarburos (…), “cuyos resultados serán comunicados oportunamente”.

En días pasados, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4247, que dispone anular las contrataciones directas en las empresas públicas y estratégicas, con el fin de transparentar y evitar la corrupción.

Las repercusiones

El exministro de Hidrocarburos  Álvaro Ríos  afirmó que la licitación parecía que tenía visos de mucha transparencia, porque se invitó a varias empresas para que coticen  en diferentes puntos de entrega.

Además que esa licitación ha sido hecha basada en  un precio internacional del momento, que no es fijo y al que también se le debe sumar los costos logísticos.

“Dentro de todo esto, lo único que parecería que tenía algún indicio de sospecha  es que apareció una empresa panameña que antes no había en el radar y nadie la conoce en el sector. Pero el resto, como Petroperu, Refinor o Vitol, son proveedores tradicionales que no se prestan a hechos irregulares”, indicó Ríos.

No obstante, consideró que no debía haberse cancelado el proceso de licitación, como ocurrió, porque ahora tienen que volver a hacer otra convocatoria y eso sin duda es una muestra de pérdida de credibilidad de YPFB con los proveedores.

“Es una pena que la empresa estatal tenga este manejo, pero como le digo todo parece indicar que el proceso ha sido llevado   transparentemente. Entonces lo que tenemos que entender es que YPFB no funciona porque es una empresa politizada, que es el fondo del tema, es manoseada desde la oposición, desde el poder político y por eso es que la estatal petrolera no tiene ningún norte”, consideró.

Pese a ello, anticipó que el abastecimiento del mercado interno está garantizado, porque la contratación se puede hacer de inmediato.

El investigador de la Fundación Jubileo   Raúl Velásquez  afirmó que la compra de combustibles, que había sido observada, fue anulada por las dudas que generó en su proceso, tanto para las autoridades a cargo del sector como para la población general.

“Sin duda, la falta de transparencia en todo el proceso, desde la necesidad de compra, la selección del proveedor, condiciones y términos de la compra, generaron desconfianza en la población en general y este aspecto debería sentar un precedente para las demás compras que puedan realizarse en el futuro”, sugirió.

También dijo que la paralización de este contrato no supone un riesgo para la provisión de combustibles.

Demanda de combustibles bajó durante la cuarentena

A raíz de las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria y cuarentena por el coronavirus (Covid-19), la demanda de combustibles en Bolivia disminuyó drásticamente, entre un 35% en gasolina y un 48% en diésel, durante los meses de abril y mayo pasado.

Agregó que la producción nacional de gasolina representó volúmenes suficientes para cubrir el total de la demanda del mercado interno y generar incluso un stock, que alcanzó la totalidad de la capacidad de almacenaje instalada a nivel nacional.

En el caso del diésel, la producción nacional cubrió la mitad de la demanda del mercado y el 50% restante fue cubierto mediante la importación del combustible por contratos vigentes y por saldos acumulados en tanques.

Según la estatal, a partir de este mes, que subirá gradualmente la demanda de combustibles en el país, por el levantamiento de las restricciones de cuarentena y el reinicio de actividades, YPFB asegurará el abastecimiento para la población mediante la producción de las refinerías.

 

26 de mayo de 2020 13:19

Un millón de personas en Bolivia supera los 60 años y es grupo de riesgo frente al Covid-19

El grupo etario es un factor de riesgo muy alto para las complicaciones y la mortalidad por Covid-19, por lo que es importante considerar las áreas más expuestas, según la estructura de edad, indicó la Fundación.

Foto ilustrativa.

Sube el petróleo, pero los ingresos en Bolivia no mejorarán en 2020

Josué Hinojosa

Publicado el 20/05/2020 a las 0h29

En lo que va de mayo, la cotización del petróleo WTI aumentó aproximadamente un 69 por ciento, que le permite bordear los 32 dólares por barril, como consecuencia del retorno a las actividades de las principales economías del mundo y del acuerdo entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de bajar la producción en 10 millones de barriles por día (bpd).

Sin embargo, especialistas consultados por este medio afirman que la recuperación del precio del petróleo no impactará de manera inmediata en el precio del gas natural que exporta Bolivia, cuya fórmula de precio repercute en los ingresos con un rezago de seis meses, de modo que, en caso de mantenerse la recuperación del crudo, los impactos positivos en el país llegarán recién a inicios de 2021.

Según el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, en caso de continuar la recuperación del precio del crudo en los meses de junio y julio, la cotización del gas boliviano no tendrá mayores efectos sino hasta inicios de 2021. Durante el segundo semestre de la presente gestión, el precio del gas todavía reflejará la drástica caída del precio del petróleo registrada en el primer semestre.

“El precio de exportación del gas natural es muy poco lo que va a poder beneficiarse de los futuros incrementos que puede haber en el precio del petróleo durante esta gestión”, dijo, a tiempo de mencionar que la caída de ingresos por venta de gas en 2020 bordeará los 1.000 millones de dólares en relación a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE).

Por su parte, el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos opina que la cotización del WTI, al estar en torno a los 30 dólares, continúa siendo baja, lo que implica que el precio del gas que Bolivia exporta a Brasil ronde los 3 dólares por millón de BTU, es decir, casi la mitad del precio registrado en los últimos dos años.

Ríos afirma que hay una recuperación del mercado mundial y que la demanda de petróleo comienza a crecer porque los países están volviendo a la normalidad tras la paralización de actividades por las Covid-19.

“Se está dando un nivel de mercado entre la oferta y la demanda que nos da una señal un poco alentadora, pero yo de ninguna manera celebraría con 30 dólares el barril porque aún es un precio demasiado bajo, especialmente para nuestras exportaciones de gas”, agregó.

El expresidente de YPFB Herland Soliz anunció en abril que, a consecuencia de la caída del precio del petróleo, se registraría una reducción superior al 40 por ciento en los ingresos por venta de gas, un equivalente a 700 millones de dólares.

Al respecto, Ríos afirma que la proyección de Soliz es acertada porque el precio del barril de petróleo se mantiene entre los 25 y 30 dólares y es poco probable que repunte a 50 o 60. En ese contexto, Ríos añade que la reducción de ingresos por venta de gas bordearía los 850 millones de dólares.

 

VOLUMEN DE VENTA DE GAS ES REDUCIDO

El analista en energías Francesco Zaratti considera que el incremento del precio del barril petróleo WTI puede hacer que la caída de ingresos en Bolivia por venta de gas en 2020 no sea tan drástica como parecía a fines de abril; sin embargo, mencionó que hay que tomar en cuenta que los volúmenes exportados a Brasil todavía son reducidos.

Zaratti señaló que Argentina demanda los 16 millones de metros cúbicos día (MMm3d) correspondientes al mes de mayo, como lo establece la adenda, pero Brasil continúa con una baja demanda que oscila entre 10 y 12 MMm3d incluso con el contrato interrumpible firmado a inicios de mes.