El pasado miércoles por la noche, el gobierno y la COB acordaron un incremento salarial del 3% al haber básico y 5% al salario mínimo nacional. ¿Cómo ha incidido la política salarial del gobierno en el crecimiento de la economía en general y en el desarrollo del mercado laboral?

Según el MAS, la política salarial del gobierno se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos y cerrar las enormes brechas que había dejado el neoliberalismo. Los incrementos salariales estuvieron basados en incrementos sostenidos por encima de la tasa de inflación, medida adoptada como una forma que, además de reponer el poder adquisitivo, está enfocada en aumentar en términos reales los ingresos de los trabajadores y generar una demanda interna; y segundo, beneficiar principalmente a los sectores de salud y educación con la creación de nuevos ítems”.

Sin embargo, de acuerdo al investigador laboral Bruno Rojas, “es importante recordar que la política salarial, si se la puede llamar así, vigente en el país desde 2006 hasta el 2023 es una política llamada de contención salarial, es decir, que consiste en la fijación de un salario mínimo bajo, respecto a lo que significa el precio real de la fuerza de trabajo”.

Se refiere a esa cantidad de productos y servicios que requiere un trabajador para recuperarse del desgaste físico y mental, junto a su familia, entregado en una jornada laboral. “Ese conjunto de productos y servicios se denomina canasta básica familiar. Entonces, la política salarial se ha encargado de fijar un monto bajísimo, un precio bajo sobre el cual se han ido dando los incrementos”.

Según este especialista, lo que ha provocado la política salarial de los últimos gobiernos del MAS es la precarización del empleo, la flexibilización laboral del salario y de las condiciones de trabajo y la aceleración del subempleo, que en su criterio es aún peor que el desempleo. Además, se ha descuidado la calidad del empleo.

“La pregunta es qué tipos de empleos se han creado, la calidad del empleo y éste es un tema en el que hay que insistir. El problema principal no está en la cantidad de empleos, sino en la calidad”.

Para sostener dichos argumentos, Rojas acude a ejemplos de los montos del salario mínimo nacional y del salario básico.

Durante el gobierno del MAS, entre el 2006 y 2023, haciendo la excepción del periodo de Jeanine Añez, esta política ha estado vigente y se han dado algunos incrementos por encima de la variación del índice de precios: el 2005, el salario mínimo nacional era de Bs 440, muy cerca a lo que en ese momento regía como salario básico, y el 2022, el dato más reciente, fue de Bs 2.250, que supone un incremento de más del 400%. El salario mínimo ha tenido una mejora; sin embargo, estos 2.250 bolivianos continúan por debajo del precio real de la fuerza de trabajo, estimado en 2011 por la carrera de Economía para la COB de Bs 8.309. Los maestros urbanos estimaron en Bs 9.500 todos los gastos de una familia tipo de cinco personas.

“El costo de esta canasta básica está muy por encima del salario mínimo nacional. Ha habido mejoras, pero insuficientes para cubrir lo que llamo la deuda histórica de la economía y de la sociedad con los trabajadores”.

El dato novedoso, dice Rojas, tiene que ver con el salario básico. Hay que mirar también los datos del 2005 al 2022: el 2005 el salario básico, el llamado salario nominal, era de Bs 2.333 y el 2022, Bs 5.007. “Si hacemos una relación, este salario básico se ha duplicado, muy diferente al mínimo nacional, que como señalamos es más de 400%, en cambio el básico, que es el que más importa, simplemente se ha duplicado”, explica.

“¿Por qué importa esto? Porque en la práctica, en la realidad, lo que se cumple y lo que se paga a los trabajadores son estos montos; la política del mínimo nacional es simplemente referencial, aunque hay una normativa que establece que nadie debería ganar por debajo del mínimo nacional, pero en la práctica son otros los salarios que se imponen. Se olvida que aún cerca de un 30% de la población asalariada gana por debajo del mínimo nacional”.

Según el experto, “si el Estado hiciera cumplir los decretos de incremento y de fijación de un mínimo nacional, la realidad sería otra. Sin embargo, aún hablamos de que en el sector financiero, en algunas cooperativas de crédito, se paga por debajo del mínimo, un promedio de 1.800 bolivianos. Una cantidad enorme de jóvenes continúan ganando por debajo del mínimo nacional, vinculados al comercio, servicios, a estos nuevos empleos en las calles (volanteros) que pagan por comisión”.

En su criterio, hay una ausencia del Estado, una fuerza suficiente para imponer esta política porque lo que interesa es que cada empleador, los empresarios, negocien o impongan un salario básico y sobre eso algunos bonos”.

El otro dato, más importante, explica Rojas, tiene que ver con el concepto de salario real, es decir, un trabajador puede recibir los cinco mil bolivianos, el promedio para 2022, pero ¿cuánto puede comprar con ese dinero? El salario real mide la capacidad adquisitiva real de los salarios, el 2005 el salario real era de Bs 1.553, o sea los 2.233 se reducían a 1.553, éstos equivalían al 66,6% del salario nominal, había una mayor capacidad adquisitiva; el 2022, el nominal de Bs 5.007, pero el real, producto del incremento del costo de vida, era de apenas Bs 1.612. Esto significa que la capacidad adquisitiva se achicó al 32%.

“Esto nos muestra que la política salarial implementada por el MAS ha sido meramente formal, excepto en la fijación del mínimo nacional. En la práctica, en la realidad, se han impuesto otros montos. Eso nos muestra que persiste en el país la flexibilización laboral; eso significa también la flexibilización de los salarios, que con la pandemia ha empeorado. Hay muchas denuncias de trabajadores que las empresas han despedido o suspendido y luego los han recontratado, no a todos, con salarios más bajos. La política del MAS ha alentado una mayor flexibilización del salario y de las condiciones de trabajo. Más allá de mirar solo el mínimo nacional”.

Precarización del empleo

Según Rodolfo Eróstegui, economista y sociólogo del trabajo, la política salarial del MAS se ha dirigido principalmente a los trabajadores del sector informal (entre el 16 y 18%), por lo que “esa población que va a tener más beneficios, mayores ingresos y seguramente con poder adquisitivo. Es un circuito de gente que tiene plata, les incrementan el salario y consumen licuadoras, televisores, etcétera. El dinero se mueve entre la gente que tiene plata, la gente pobre sigue alejada de estos beneficios, los incrementos salariales”, afirma

“La crisis que introdujo la pandemia fue una crisis de empleo, ese 18% del 2019 se redujo y debemos estar por el 16% de la población, al que están dirigidos los incrementos salariales, un sector de la población altamente privilegiado porque tiene además del salario, el seguro de salud, contra accidentes. Este sector tiene ingresos más o menos sostenibles”, explica.

Agrega que “hay trabajadores en el sector informal que tienen ingresos considerables y que pueden hacer frente a la atención de salud, pero la gran mayoría es pobre, altamente pobre. La persona que vende dulces, el que vende en la calle, son trabajadores con muy poco ingreso, están ahí por sobrevivencia”.

Como un ejemplo, cita a un trabajador de interior mina, que hace unos siete años, ganaba alrededor de 12 mil bolivianos y hoy debe ganar unos 20 mil; “este sector de la clase laboral, que ha sido concebido en nuestra mente como la clase explotada, son en este momento una clase altamente privilegiada frente a este 82% de la población que trabaja en la economía informal”, explica.

En ese sentido, se cuestiona: “¿qué es el desarrollo nacional?, sacar a la gente de la pobreza a partir de ciertos beneficios, en salud, educación y eso es lo que no ha ocurrido en estos 16 años de gobierno del MAS”.

Según afirma Eróstegui, el MAS ha destruido más empleos de los que ha generado. “Hablamos de Cartonbol y todas estas empresas públicas con pocos trabajadores y no incide mucho, tal vez un 2%. El MAS ha contribuido a generar empleos en las cooperativas mineras, en la economía informal, en el contrabando, ahí sí ha incidido la política económica y salarial que se ha implementado en los últimos años”.

En coincidencia con Bruno Rojas, este economista sostiene que “lo que sí ha hecho el MAS es precarizar el empleo, el empleo no precario es el asalariado, y el empleo precario es el de la economía informal y ése es el que más ha crecido”.

En la economía informal hay pequeñas empresas, informales, donde el trabajador no goza de ningún beneficio. Esos trabajadores son convocados por estas empresas si hay algún trabajo; están esperando como los albañiles y electricistas o plomeros de la plaza Humbolt, ejemplifica.

Consultado por las cifras oficiales de desempleo, dice que “el INE es una caja negra, hablan de una tasa de desempleo del 4%, bajísima, pero cuentan el sector informal, pero la calidad del empleo ha ido empeorando. Esta posición es compartida por el Cedla, Inaset, que coinciden en que la calidad del empleo es lo que más se ha deteriorado en los últimos 16 años”.

Creación de empleos

Consultado Bruno Rojas sobre cuántos empleos ha creado el MAS en estos 16 años de gobierno, responde que en 2021 se estimaba que había en el país unos 605.000 empleados públicos, la mayoría maestros y trabajadores en salud, que suman un poco más de 200 mil; los demás están ubicados en la administración central y los gobiernos municipales y departamentales, que es donde se ha incrementado significativamente la cantidad de empleados.

“No solo se ha incrementado, sino que eso ha elevado el gasto corriente en el sector público. De acuerdo a datos de la Fundación Jubileo, en algunos gobiernos departamentales y municipales, el gasto en salarios equivale al 90% de los presupuestos. Eso muestra que ha habido un fuerte incremento. Cuantitativamente en el sector privado también se ha incrementado, de cerca de cuatro millones en 2005, a seis millones y medio en 2002”.

En su criterio, la pregunta es qué tipos de empleos se han creado, la calidad del empleo. “El problema principal no está en la cantidad de empleos, sino en la calidad. Un dato de 2019, antes de la pandemia, un 91% de la población ocupada en el país tenía empleos precarios, pobres y cerca del 70% tenía empleos precarios extremos, los peores, ingresos bajísimos.

Dice que cerca de un 22% de la población tiene un empleo que podría llamarse formal. “En mi criterio, mal llamado sector formal, porque en ese sector hablamos del empleo del sector empresarial, grandes y medianas empresas y el sector estatal. La sumatoria de ambos equivale al sector formal, sin embargo, en éste se generan también empleos precarios, que contradicen la Constitución en lo que se refiere al trabajo digno. Son empleos temporales y eventuales”.