Con la disminución de recursos para las gobernaciones en 2024, el pacto fiscal nuevamente fue puesto sobre la mesa como tema pendiente.
El tema data al menos de 2010, cuando fue agendado con la Ley Marco de Autonomías; sin embargo, no fue hasta diciembre de 2017 que se encaró un proceso de diálogo entre el nivel central y las regiones, a la cabeza del entonces presidente Evo Morales; entonces, hubo un documento final que no arrojó cambios estructurales, es decir, no tocó los recursos del Gobierno nacional.
Durante el último mes, un pacto fiscal urgente fue reclamado por la administración de Damián Condori en la Gobernación de Chuquisaca, después de que su techo presupuestario fuera fijado en 337,8 millones de bolivianos, Bs 50 millones menos respecto a este año. Apenas si hay recursos para proyectos de continuidad.
Por su lado, la Gobernación cruceña también abordó el tema debido a la misma razón, aunque ya el cabildo por el censo en Santa Cruz, a fines de 2022, lo puso en agenda junto a la propuesta de avanzar en el federalismo.
Hace dos semanas, el movimiento cívico nacional reclamó al Gobierno elecciones judiciales y abrir un debate sobre el pacto fiscal tras el censo, fijado para marzo de 2024.
“Esta era una tarea pendiente del pacto fiscal porque hemos avanzando con las autonomías, con nuevas competencias y esto prometía mucho para los gobiernos departamentales, pero finalmente no se les ha dado ni coparticipación ni impuestos que sean para administración propia. Ese es un reclamo que viene desde hace diez años o más”, recuerda el analista en Presupuestos de la Fundación Jubileo, René Martínez, en una entrevista en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y 980 AM).
En el último tiempo, el Consejo Nacional de Autonomías se estuvo reuniendo con alguna regularidad a raíz del conflicto por el censo desatado en 2022; el tema fue planteado, pero no arrojó ninguna conclusión. En esos encuentros, el presidente Luis Arce sí se refirió a la necesidad de que una redistribución de recursos no sea solamente por población, atendiendo al planteamiento de Chuquisaca y otros departamentos.
DE “VACAS GORDAS Y FLACAS”
Para el experto consultado, el momento ideal para un pacto fiscal en Bolivia fue el posterior a la aprobación de la nueva Constitución, que implicó una readecuación general, en medio de una bonanza por los crecientes ingresos debido a la venta del gas.
En la actualidad, la caída de recursos es considerable: el año 2014, las gobernaciones percibían 9.800 millones de bolivianos por transferencias, regalías, participación en impuestos como el IEHD y el IDH; este 2023, apenas llegan a Bs 4.600 millones.
“Ahora es complejo, es complicado, pero igual es un tema pendiente. ¿Por qué? Porque estamos en época de vacas flacas, de caída de ingresos, pero igual es un tema pendiente que hay que abordarlo, sino los gobiernos subnacionales van a quedar sin recursos”, expresa Martínez.
Remarca que a diferencia de las alcaldías, que cobran impuestos a bienes inmuebles, automotores y transferencias, las gobernaciones no tienen ese margen y deben atender el desarrollo departamental.
Todo dependerá de la voluntad política, aquella que falta desde 2010. Será “cuando el Gobierno central tenga la voluntad política para avanzar con esto y que podamos reordenar las finanzas públicas para optimizar ahora el uso de los limitados recursos”, concluye el entrevistado.
Un pacto fiscal implica concertar entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas el uso de los recursos públicos, ahora concentrados mayoritariamente en el Gobierno.
